El escándalo Gürtel, instruido por el juez Garzón, en el que se han destapado una red de presuntas irregularidades, tratos de favor y jugosas comisiones de destacados miembros del Partido Popular, en Madrid y Valencia, bajo la ‘batuta’ del empresario ‘afín’ Francisco Correa, tiene una ‘arista’ cordobesa, la empresa Sanidad y Residencias 21 SA (Sanyres), filial del Grupo Prasa que sólo hace nueve meses se veía implicada en el caso ‘Astapa’ (su presidente, José Romero fue imputado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo y delitos contra la administración pública) relacionado con presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Estepona, Ayuntamiento en el otro extremo del mapa y del color político ya que en el momento de la operación estaba gobernado por el PSOE.
La ‘conexión’ cordobesa en el caso Gürtel se recoge en una de las grabaciones ordenadas por Garzón. En ella, y según se ha publicado en números medios, tras la exclusiva de la Cadena Ser, Correa hace referencia “a la empresa de un amigo suyo de Córdoba” para construir una residencia de mayores en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) con la que el diputado de la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla, Alfonso Bosch (también imputado en el caso), en otra de las grabaciones, indicaba “Íbamos a adjudicar una cosa grande, una residencia de la tercera edad en Boadilla (...) yo ganaba un pastón”.
Adjudicación abortadaEsta residencia iba a ser adjudicada a la empresa cordobesa Sanyres, filial del grupo Prasa, tal y como se recoge en el documento de 25 de julio de 2007 de la Comisión de Cuentas e Informativa del Ayuntamiento de Boadilla que en su punto segundo indica “(...) se adopta acuerdo de adjudicación de la concesión administrativa para la ocupación y el uso privativo de una parcela de terrenos de dominio público con destino a la construcción, gestión y explotación de un Complejo Residencial y de Servicios para Mayores a favor de la sociedad Sanidad y Residencias 21, SA con un canon anual de 155.000 euros”.
Según el portavoz del PSOE en el ayuntamiento de la localidad madrileña, “este canon era un auténtico regalo, ya que pagar esa cantidad por el terreno que era, en pleno monte, y las plazas que iba a tener la residencia, unas 400, insignificante. Aparte no sólo es el proyecto, sino el lugar en el que se ubicaba, una zona en pleno monte de altísimo valor medioambiental y que nosotros denunciamos a la Fiscalía de Medio Ambiente porque suponía talar centenares de encinas. Pero claro, como era para su amigo de Córdoba...es un caso clarísimo”, señala el portavoz de los socialistas en declaraciones a este Semanario.
El proyecto también trajo ‘cola’ entre las filas de los populares en Boadilla ya que la número 2 del alcalde, Arturo González Panero (obligado a dimitir, pero que sigue siendo concejal) María Jesús Díaz se opuso frontalmente al proyecto y fruto de ello se inició un fuerte enfrentamiento con el máximo edil del Partido Popular en la localidad madrileña.
El proyecto finalmente no se llevó a cabo “cuando estaba todo aprobado y a una semana antes del Pleno que iba a darle luz verde, dieron marcha atrás y ya nunca más se supo, pero estaba todo aprobado como rezan los documentos, y, curiosamente la empresa adjudicataria no interpuso ningún tipo de reclamación a la que, evidentemente, tenía derecho”, señala.
Desmentido de SanyresPocas fechas después de destapado el escándalo, el pasado mes de febrero, un diario gratuito de Madrid ‘Gente Madrid’ publicaba en su página 4 una aclaración del Grupo Sanyres en la que aseguraba que “El grupo Sanyres quiere dejar patente que su director Javier Romero (hijo de José Romero, máximo responsable de Prasa) no es ni amigo ni ha tenido relación con Francisco Correa, Sanyres no iba a construir una residencia en Boadilla, sino que concurrió junto con otras empresas a un expediente de contratación pública (...) Nunca resultó adjudicataria”.
El escrito de Sanyres contrasta con los documentos aportados por el Ayuntamiento de Boadilla, a los que ha tenido acceso este Semanario, en los que se nombra a la empresa como “adjudicataria” y prueba de ello es la carta que el director de la compañía Francisco Javier Romero Reina envía desde Córdoba, con fecha 21 de marzo de 2007 al servicio de contratación del Ayuntamiento de Boadilla. En ese documento se adjuntan la “certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias” y el de la Seguridad Social para “dar cumplimiento al requerimiento del Ayuntamiento en expediente de adjudicación de Concesión Administrativa para la ocupación y uso privativo de una parcela de terrenos de dominio público local con destino a la construcción de un complejo residencial y de servicios a mayores”. La empresa Sanyres tiene 17 centros abiertos en toda España, siete de ellos en Andalucía y cinco en la Comunidad de Madrid, así como tres en proyecto de construcción. La filial de Prasa, surgida hace diez años, se ha convertido en uno de los referentes en servicios para mayores.
Este Semanario se ha puesto en contacto con Prasa para tratar de obtener una valoración sobre este asunto, remitiéndonos a la propia empresa Sanyres, en donde ha sido imposible obtener una declaración por parte de los responsables. |
 |  |
 |
|
El tesorero del PP, la última ‘víctima’
Luis Bárcenas, tesorero del PP es la última víctima de un escándalo que ha provcado ceses y dimisiones de destacados miembros de PP en la comunidad de Madrid. Garzón acusa al responsable de los populares de aceptar sobornos de la red de Correa cuyos tentáculos se extienden a Valencia, en donde el mismo presidente de la Comunidad, Francisco Camps, ha sido señalado por el juez por aceptar trajes a cargo de Correa. La implicación de Bárcenas deja un tremendo problema a Rajoy ya que son muchas las voces dentro del PP que piden el cese de Bárcenas. |
| |
|
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario