David García-Maroto
1/6/2017
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Sin embargo, un nuevo documento de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) posiciona a España como el país en el que más posibles irregularidades se han detectado entre 2013 y 2016 en relación a los fondos estructurales –destinados a promover el desarrollo y la cohesión entre los Estado de la UE– y políticas agrícolas, cuya gestión recae en el Estado.
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