PIDO LA PALABRA POR ALUSIONES
Escrito por Juan Antonio Camargo*:
"Las sombras de corrupción que planean, por las extrañas relaciones entre el Ayuntamiento y Cofely y Waiters (las dos empresas implicadas en la 'Operación Púnica') o la evidencia de que el alcalde incurre en irregularidades ya reconocidas por los tribunales, tras impugnación de este Diario, rematan un panorama desasosegante que exigiría un plan de emergencia institucional y un compromiso de todos los partidos por dar a quienes les mantienen, tan generosamente, una esperanza". Benjamín Redondo Marugán, el empleado público municipal y encargado fantasmal de los barrenderos municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a las ordenes del ITOP municipal Juan Antonio García Mañas y/ó del ICCP municipal José Luis García García y Gómez Ballesteros, es la persona que puso en contacto a Taurina Alcalaína, Waiter Music y COFELY SAU para dar forma a la presunta trama criminal de la operación Púnica complutense, se ve envuelto ahora en el escandalo que afecta a los 50 trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el marco del PIL y destinados en Gilitos, ya que era la persona que ordenaba a los trabajadores contratados que se fueran a casa después de firmada la comparecencia en las citadas dependencias de Gilitos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Por lo que parece la muerte en un accidente de trabajo previsible y evitable de un trabajador del Parque Municipal de Servicios no ha servido para nada, presuntamente claro.
*Juan Antonio Camargo es ingeniero técnico civil, ITOP, y ex jefe de los servicios municipales de medio ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
continuará...........
Redacción - Martes, 16 Diciembre 2014 15:00
Los cinco grupos políticos del Ayuntamiento de Alcalá se reunieron ayer en el pleno del mes de diciembre para, supuestamente, debatir los problemas de la ciudad y proponer soluciones. Pero allí nada se habló de los 318 de millones de euros de deuda pública, ni del desastre del servicio de limpieza, ni de la pavorosa inexistencia de una estación de autobuses, ni del galopante paro, ni de las penalidades del pequeño comercio o el cierre de las grandes empresas, ni de la pavorosa inexistencia de vida universitaria o, entre mil asuntos, la falta de una planificación urbanística que permita saber qué va a ser de la Cuna de Cervantes dentro de 20 años.
No, a nada de eso dedicaron su tiempo nuestros políticos, con su ejército de asesores, que les cuestan a los ciudadanos tres millones de euros al año y hacen del puesto de concejal el mejor pagado de la ciudad de largo: el que más cobra supera salarialmente al mismísimo presidente del Gobierno; y la mayoría, cobran más que un ministro.
Todo esto en una Alcalá con la renta, el desempleo y el fracaso escolar en unos niveles que nos asemejan con las zonas más deprimidas de España en la que, paradójicamente, los contribuyentes soportan una altísima presión fiscal que no les revierte y se consume en mantener esas retribuciones políticas y una Administración elefantiásica.
Las sombras de corrupción que planean, por las extrañas relaciones entre el Ayuntamiento y Cofely y Waiters (las dos empresas implicadas en la 'Operación Púnica') o la evidencia de que el alcalde incurre en irregularidades ya reconocidas por los tribunales, tras impugnación de este Diario, rematan un panorama desasosegante que exigiría un plan de emergencia institucional y un compromiso de todos los partidos por dar a quienes les mantienen, tan generosamente, una esperanza.
Pero no. De nada de eso se ha hablado en el pleno municipal. Los 27 concejales del insigne Ayuntamiento dedicaron casi todo su tiempo a discutir cómo podían acosar, coaccionar y perjudicar al medio de comunicación que, desde hace 25 años, informa, forma y entretiene a los complutenses con un criterio propio que, con todos sus errores, le ha convertido en único en la historia de la ciudad: nadie ha editado más números y, nadie, ha logrado en una ciudad tan complicada crear un grupo multimedia homologable con los de las grandes provincias de España, premiado con la Medalla de Oro de la APEI y referencia del periodismo local en la Comunidad de Madrid.
Quizá sea eso lo que molesta: tener voz propia y, pese a las enormes dificultades del sector de la comunicación agravadas por este acoso abyecto, intentar mantenerla. Sólo así puede entenderse la escandalosa locura de que, entre tantos problemas y dificultades para la práctica totalidad de vecinos y pequeños empresarios de Alcalá, los grupos políticos hayan dedicado su remunerado tiempo a convertirse en cómplices de las ridículas e inútiles venganzas de un político, el portavoz de UPyD, señalado por los tribunales por sus calumnias y conocido por sus derroches con dinero público en viajes y comidas privadas.
Que el pobre Anselmo Avendaño, que además de ganar 72.000 euros por envilecerlo todo en Alcalá es miembro de la dirección nacional de un partido que también se dedica a acosar a este medio y a perseguir a rivales y periodistas de toda España, tenga manía a este Diario, es comprensible: la historia del periodismo está repleta de coacciones políticas a los medios de comunicación que, en regímenes democráticos, invalidan al cargo público y, en sistemas represivos, los convierten en leyenda: es lamentable que en una ciudad tan afectada por la crisis los cargos públicos se dediquen a intentar cerrar empresa familiares en lugar de a ayudar a que se abran otras, pero en el pecado va la penitencia y llegará el día en que lo paguen ellos y nos los 205.000 complutenses y 20.000 parados que hay en ellos.
Pero que a su pantomima, destinada en exclusiva a tapar sus vergüenzas y problemas judiciales, le acompañen otros partidos como el PSOE, sin cuyos votos la patraña que fenecerá en unos días no hubiera llegado a nacer, es incomprensible: sumarse a una infamia así para mantener el idilio que en el pasado les llevó a intentar asaltar la alcaldía sin los votos de los ciudadanos ni acuerdos estables, sólo evidencia la endeblez del líder socialista, Javier Rodríguez, y una sorprendente falta de principios.
Que IU desmonte el numerito con una intervención crítica con los impulsores de la moción pero luego la apruebe para no alejarse demasiado del PSOE, tampoco es edificante y sólo tendrá un mínimo pase si, como dijo su portavoz, el sainete termina con una denuncia contra el grupo político ya imputado por instruir denuncias falsas desde tribunales políticos contra medios de comunicación críticos, algo que sólo ocurre en las peores dictaduras.
Para que nadie se lleve a engaño, contrapongamos los hechos y los fallos judiciales a las falacias, las intoxicaciones y las manías persecutorias de UPyD y de sus infames cómplices.
El proponente de una comisión de investigación contra el Diario es un cargo público imputado por calumnias que transforma, con mala fe premeditada, las posibles irregularidades administrativas del Ayuntamiento que nosotros sufrimos como tantos otros en, nada menos, un delito de uno de los primeros damnificados por esas prácticas, tal y como señala el Tribunal de Cuentas literalmente: si algo ha hecho mal el Ayuntamiento con sus proveedores lo último que pude hacerse es criminalizar al damnificado, que es lo que UPyD ha intentado en vano con esta casa, poco representativa del volumen de gastos municipales pero única protagonista del acoso por la incomodidad que genera a ciertos políticos. Para eso estamos y estaremos.
Para a continuación, una vez fallida esa alocada tesis, inventar otra igual de vergonzosa: transformar una rutinaria operación de intercambio de créditos entre sociedades hermanadas en un escándalo que busca la destrucción del medio y de las personas que con inmenso esfuerzo lo sacan adelante.
A UPyD nunca le ha interesado la verdad: en el caso de la publicidad institucional, el Tribunal de Cuentas fue muy explícito a la hora de definir qué tipo de responsabilidades existían -nunca penales, por mucha Bankia que los magenta quieran hacer de todo- a quién cabía imputárselas -siempre al Ayuntamiento- y quiénes eran perjudicados por ellas -todos los proveedores que sufrían retrasos e impagos tras costear el servicio que les habían encomendado-. Sacrificar la búsqueda de lo cierto para no perderse un espectáculo es una forma de incurrir en el populismo que, lejos de ayudar a la sociedad en la búsqueda de las responsabilidades correctas, la condena a un ruido ineficaz destructivo.
Y, en el que nos ocupa, aún menos: hubiera bastado con pedir el informe de la Intervención General del Ayuntamiento, preguntar a cualquier contable, conocer la ley o simplemente leer las explicaciones que esta misma casa ha ofrecido a la par que protestaba por el acoso y anunciaba el sinfín de irregularidades que estaba denunciando y la ristra de medidas legales que emprendería contra sus autores: no sólo es que una empresa privada -en realidad nadie- no puede ser objeto de un tribunal político para que un condenado en un tribunal de verdad se ponga a ejercer de bochornoso juez; es que sobre todo no puede serlo con mentiras, manipulaciones e invenciones fabricadas por cargos públicos ya procesados por cometer presuntos delitos condenados hasta con dos años de cárcel.
Simplemente, Avendaño quiere convertir al Ayuntamiento en un tribunal de la Inquisición que sustituya a los tribunales auténticos de una democracia, ésos que le imputan a él y que, por supuesto, han amparado sistemáticamente a este medio de comunicación: frente a las calumnias de UPYD y, también, frente a lasirregularidades del Gobierno encabezado por Javier Bello, esta casa ha logrado frenar a ambos, aunque en ese viaje incluso haya tenido que renunciar voluntariamente a los ingresos comerciales a los que tiene derecho.
Capítulo especial merecen el PP de Bello y el PSOE de Javier Rodríguez. Empezando por los socialistas, es obvio que su actitud responde a la oposición de este Diario a que abordaran la alcaldía con una moción de censura impresentable que hubiera bloqueado aún más a la ciudad y rechazaba hasta la dirección regional de su partido: apoyarse en la frívola UPyD de Avendaño para cambiar de alcalde por tercera vez en dos años, con un Gobierno débil compuesto por un tercio de la Corporación -del cual otro tercio no quiere saber nada de su líder- y sin ninguna coalición formal era, es y será una locura: si ya es traumático querer ganarse en los despachos lo que se perdió en las urnas, mucho más lo es cuando se intenta sin las condiciones mínimas para que a la conquista traumática del poder le acompañe al menos una posibilidad cierta de gobierno estable. Lo lamentable no es que a este Diario le pareciera mal conquistar un Gobierno de cualquier manera, sino que a una parte del PSOE no se lo pareciera.
Sumándose los socialistas a este patético acoso, hermanando su futuro al de un imputado en caída libre que ignora al Estado de Derecho y pretende manipular las instituciones para que amparen sus desvaríos, quedan retratados.
Finalmente, queda el Gobierno del actual alcalde, como responsable final de todo por mucho que se oponga a estos tribunales de honor medievales: hay que ser muy necio o muy torpe o en realidad tener el mismo objetivo que UPyD contra este Diario para, en lugar de crear una comisión de investigación sobre los desmanes con dinero de todos de un cargo público imputado; permitir que sus errores administrativos se presenten como inexistentes delitos penales para, además, trasladarle su autoría a un medio de comunicación emblemático que no sólo no sufre problema legal alguno, sino que encabeza con éxito las acciones judiciales y las revelaciones periodísticas contra los autores de todos los excesos.
Y que estará del lado de cualquiera, UPyD incluida, capaz de demostrar irregularidades: otra cosa son lascazas de brujas para camuflar las vergüenzas propias y esquivar las dimisiones que comportamientos como los de Avendaño reclaman.
Porque mientras todos estos concejales con sueldo de ministro debaten sobre cómo coaccionar a un Diario en plena reconversión que simboliza y defiende el ideal de ciudad abierta y cosmopolita que ellos son incapaces de conseguir; nosotros nos dedicamos a informar a 1.5 millones de personas cada mes, hemos renunciado a la publicidad institucional, hemos logrado que un Tribunal anule irregularidades del alcalde, hemossentado en el banquillo al indeseable que huye de sus responsabilidades políticas y penales disfrazándose de ridículo justiciero y hemos logrado, pese a estos ataques, no engrosar la tristísima lista de cien medios de comunicación cerrados en España durante la crisis.
La comisión es, en fin, una vergüenza para sus impulsores y una medalla para su víctima. Seguiremos informando, defendiéndonos y peleando para que Alcalá se parezca más a sus ciudadanos y mucho menos a sus políticos. No sólo no nos callan con este frívolo, ilegal, inmoral, desvergonzado y totalmente estéril numerito que combatiremos en cuantas instancias nacionales e internacionales sean menester; sino que nos incentivan y llenan de orgullo: las persecuciones a los medios desde partidos políticos e instituciones son atentados contra la democracia que siempre, sin excepción, acaban pasando factura a quienes los perpetran.
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