La Unión Europea, quien lleva desde marzo deportando a todos los migrantes y refugiados que pisan Grecia a Turquía –previo pago de 3.000 millones de euros–, exige que el país euroasiático modifique su ley antiterrorista.
Con la "purga sistemática" tras el golpe de Estado y la suspensión de la Convención Europea de los Derechos Humanos, "en ningún caso Turquía es un país seguro para los refugiados", dice el Consejo General de la Abogacía Española. Seguir leyendo...
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