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22/07/2021 Emma Pons Valls |
"El Tribunal de Cuentas nos castiga porque la batalla por el relato internacional es la única que el Estado no ha ganado".
El exsecretario general del Diplocat Albert Royo habla con Público sobre el trabajo hecho al frente del Diplocat, por el cual ahora el Tribunal de Cuentas le reclama una fianza de 3,6 millones de euros. Al total de 34 exaltos cargos de los governs de Artur Mas y Carles Puigdemont encausados les pide 5,4 millones de euros. Politólogo y diplomático, defiende que lo hecho era completamente legal: "Es una sensación de indefensión total y absoluta.
Una desproporción y un abuso"
Albert Royo (Barcelona, 1977) estuvo al frente del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, entre 2013 y 2017, cuando fue cesado con la aplicación del artículo 155. Por su gestión al frente del organismo se enfrenta a diferentes causas judiciales y este miércoles era, del total de 34 investigados por el Tribunal de Cuentas, el que tenía que depositar la fianza más elevada: 3,6 millones de euros. A pesar de que la Generalitat anunció la creación de un fondo para avalar a los investigados, las dudas sobre su aplicación y si el tribunal lo aceptará los sumergen en la "incertidumbre": "Estamos contentos porque vemos cómo después de tres años la Generalitat se pone delante en la defensa de servidores públicos, pero no sabemos si el Tribunal de Cuentas aceptará esta solución parcial".
El Diplocat, consorcio de la Generalitat participado por una cuarentena de instituciones públicas y privadas, se dedica a la proyección internacional de Catalunya. Royo, politólogo y diplomático, denuncia que entre 2013 y 2015 el trabajo hecho se considera legal, mientras que en 2016 y en 2017, el Tribunal de Cuentas afirma que "el 75% de la actividad era inconstitucional". Por la promoción del independentismo y el referéndum del 1-O en el extranjero, pide 5,4 millones de euros a 34 altos cargos de los governs de Artur Mas y Carles Puigdemont. En conversación telefónica con Público, Royo habla sobre las diferentes causas que tiene abiertas, por las cuales ya sufrió un embargo, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la necesidad de reformarlo mientras no se logre una amnistía y el trabajo hecho en la internacionalización del conflicto. Seguir leyendo>>
Albert Royo (Barcelona, 1977) estuvo al frente del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, entre 2013 y 2017, cuando fue cesado con la aplicación del artículo 155. Por su gestión al frente del organismo se enfrenta a diferentes causas judiciales y este miércoles era, del total de 34 investigados por el Tribunal de Cuentas, el que tenía que depositar la fianza más elevada: 3,6 millones de euros. A pesar de que la Generalitat anunció la creación de un fondo para avalar a los investigados, las dudas sobre su aplicación y si el tribunal lo aceptará los sumergen en la "incertidumbre": "Estamos contentos porque vemos cómo después de tres años la Generalitat se pone delante en la defensa de servidores públicos, pero no sabemos si el Tribunal de Cuentas aceptará esta solución parcial".
El Diplocat, consorcio de la Generalitat participado por una cuarentena de instituciones públicas y privadas, se dedica a la proyección internacional de Catalunya. Royo, politólogo y diplomático, denuncia que entre 2013 y 2015 el trabajo hecho se considera legal, mientras que en 2016 y en 2017, el Tribunal de Cuentas afirma que "el 75% de la actividad era inconstitucional". Por la promoción del independentismo y el referéndum del 1-O en el extranjero, pide 5,4 millones de euros a 34 altos cargos de los governs de Artur Mas y Carles Puigdemont. En conversación telefónica con Público, Royo habla sobre las diferentes causas que tiene abiertas, por las cuales ya sufrió un embargo, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la necesidad de reformarlo mientras no se logre una amnistía y el trabajo hecho en la internacionalización del conflicto. Seguir leyendo>>
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