Se refuerza la capacidad de adaptación al cambio climático frente al riesgo de inundación, clarificando los usos del suelo en zonas inundables para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
Se fortalece la implantación uniforme de los caudales ecológicos.
Se posibilita la declaración de nuevas reservas hidrológicas y se establecen las bases del censo nacional de vertidos.
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