07/24/2013
Bárcenas: el secreto y el poder
Jaume Asens y Gerardo Pisarello, juristas y miembros del Observatorio
Publicado en el blog "No hay derecho" 22 jul 2013 Publico.es
El secreto –escribió Elias Canetti– ocupa la médula misma del poder. No
se trata solo de que no haya poder sin secreto. Es la propia capacidad
de decidir qué puede salir a la luz y qué debe mantenerse en la penumbra
la que constituye la esencia del poder. El mismo poder que oculta el
gran fraude fiscal propone un registro público de las familias morosas
que no han podido pagar el alquiler. El mismo poder que se rebela contra
las cámaras en las comisarías o contra la identificación de quienes
disparan balas de goma en las manifestaciones pide sin rubor que se
cuelguen en Internet fotos de manifestantes “incívicos” y les prohíbe ir
con el rostro cubierto. Para no ser contestado, el poder de Estado o de
mercado necesita hipervisibilizar y deformar la crítica de sus
adversarios. Y asegurar, al mismo tiempo, la invisibilidad de sus
desmanes. El secreto, la opacidad, se convierten así en garantía de la
propia impunidad.
Luis Bárcenas ha cultivado con talento innegable el arte de manipular
el secreto. Durante años fue su guardián más celoso. Sus libretas eran
el testigo mudo de un trasiego constante entre política y dinero.
Constructores, banqueros, dueños de grandes supermercados, dirigentes
medios y altos del Partido Popular, futuros presidentes del Tribunal
Constitucional. Una fotografía elocuente, guardada bajo siete llaves,
del fraudulento capitalismo inmobiliario-financiero-caciquil que se ha
abierto camino, casi sin rasguños, entre el franquismo y la monarquía
parlamentaria.
Al sentirse amenazado, el extesorero del PP decidió entreabrir el
baúl de los arcanos. Cuando los primeros papeles salieron a la luz, se
supo que más del 70% de los donativos que registraban vulneraban de
manera clamorosa la Ley de Financiación de Partidos Políticos. A pesar
del escándalo, Fiscalía no dispuso su detención. Tampoco ordenó medidas
esenciales para evitar la destrucción de pruebas, como la entrada y
registro de su domicilio o de su despacho en la calle Génova. Tiempo
después, Barcenas denunció el robo de dos ordenadores que deberían haber
estado bajo custodia judicial. Pero dejó claro que mantenía bajo
control suficientes secretos como para poder negociar con la dirigencia
del PP el mantenimiento de una conveniente Omertà.
Fue precisamente para romper esa ley del silencio que el Observatorio
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto a otras
entidades, presentó una querella contra Bárcenas por evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
El objetivo era claro. Tratándose de delitos económicos cometidos desde
las entrañas del Estado, era difícil que el Ministerio Fiscal pudiera
actuar al margen del principio de dependencia jerárquica que lo vincula
al gobierno de turno. En verdad, solo una acusación popular conectada de
manera independiente a la sociedad civil podía cortocircuitar las
complicidades público-privadas que conducían a la impunidad.
Naturalmente, para quebrar ese cerco hacía falta mucho más que
presentar una querella. Y es que la desigualdad de poder existente fuera
del proceso judicial no tarda en trasladarse a su interior. Es
impensable que un imputado sin recursos, acusado de robar un bolso en la
calle, pueda disponer de las mismas garantías que un Bárcenas o un
Millet. No es lo mismo, de hecho, ser defendido por un abogado de oficio
que por un ex magistrado de la Audiencia Nacional, con una dilatada
experiencia profesional y buenos contactos en los juzgados.
Esta asimetría entre el débil y el fuerte también se proyecta en
otros ámbitos. Ante los medios de comunicación, por ejemplo, el
delincuente de poca monta comparece estigmatizado, siempre culpabilizado
de antemano. El de cuello blanco, en cambio, suele gozar de todas las
deferencias y es capaz de condicionar el propio proceso judicial desde
los grandes rotativos y los plató de televisión. Bárcenas utilizó con
descaro la editorial de El Mundo y otros medios para filtrar pruebas e
instrumentalizarlos en beneficio de su estrategia de defensa. De ese
modo, consiguió impulsar un auténtico proceso paralelo que le permitía
seguir siendo el custodio de los secretos de Estado.
Si desde un primer momento se hubiera ordenado el registro del
domicilio o del despacho de Bárcenas, sería la justicia quien dispondría
de los medios de prueba, y no él. De este modo, hubiera perdido la
posibilidad de presionar o, directamente, chantajear a los implicados en
la contabilidad B del PP. Pero nada de ello ocurrió. En ese contexto,
la decisión del Observatorio DESC de transmitir casi en directo a través
de Twitter algunas declaraciones de interés general del extesorero no
fue un gesto caprichoso. Fue un intento de democratizar un proceso que, a
pesar de no haber sido declarado secreto, aparecía subordinado al
grosero modus operandi de Bárcenas. Al adelantar algunas de sus
revelaciones con anterioridad a la rueda de prensa de Rajoy, la
acusación popular no hizo nada ilegal. Tampoco fue más allá de lo que
los periodistas de los grandes medios o los propios funcionarios
judiciales suelen hacer con frecuencia. Pero contribuyó, desde un
espacio relativamente abierto como es la red, a poner de manifiesto una
desigualdad de poder que mueve al escándalo. La que permite a Bárcenas,
Undargarin, Millet, o Cristina de Borbón, contar con defensas y
contactos que los parias del mundo que atestan los juzgados nunca
tendrán. Y la que existe más allá del proceso, donde ni los fiscales ni
el poder mediático son ajenos al juego del secreto y de la publicidad a
medias que se disputa en función de espurios intereses de parte.
Los silencios selectivos del extesorero caído en desgracia, las
negativas de Rajoy a dar la cara públicamente, las informaciones
parciales filtradas por algunos periódicos, son un desplante inaceptable
en un caso de esta gravedad. Esta tomadura de pelo colectiva, en
realidad, sería inconcebible sin la confianza arrogante en la propia
impunidad que el secreto genera. Minarla, desgarrar el velo de opacidad
con que el poder de Estado y de mercado pretende cubrir sus crímenes, es
una condición indispensable para activar los contrapoderes sociales
capaces de acabar con ellos. Transparencia y publicidad plena. Luz y
taquígrafos frente a la cleptocracia. He ahí una exigencia modesta, pero
revolucionaria, de los tiempos que corren.
Para más información sobre el caso Bárcenas AQUÍ
Publicado en el blog "No hay derecho" 22 jul 2013 Publico.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario