España pide una prórroga a la UE para no implantar las medidas anticorrupción según www.eltelescopiodigital.com

España pide una prórroga a la UE para no implantar las medidas anticorrupción

Europa pide que se consideren delitos el cohecho activo y pasivo, el tráfico de influencias y los delitos contables

El Consejo de Ministros ha autorizado la renovación de la reserva formulada por España al Convenio del Consejo de Europa sobre la corrupción. Este Convenio penal fue ratificado por España el 28 de abril de 2010, momento en el cuál España hizo constar en el instrumento de ratificación una reserva relativa al párrafo 1 b) del artículo 17, reserva que consistía en exigir el requisito de la doble incriminación para perseguir infracciones cometidas por los propios nacionales en el extranjero. El convenio entró en vigor para España el 1 de agosto de 2010

El objetivo principal del Convenio es que los Estados miembros tipifiquen como delitos una serie de conductas relacionadas con el fenómeno de la corrupción, entre ellas el cohecho activo y pasivo en el sector público y en el sector privado, el tráfico de influencias, el blanqueo del producto de delitos de corrupción y los delitos contables. Recoge, asimismo, junto a estas figuras penales, el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, la creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en la lucha de este tipo de delitos.

El plazo de vigencia de la reserva formulada por España finalizó el 1 de agosto de 2013, y fue prorrogado por un período de seis meses a partir de esa fecha, es decir, hasta el 1 de febrero de 2014. El Ministerio de Justicia se ha pronunciado sobre la conveniencia de mantener la mencionada reserva, en virtud de la cual se declara como necesario el requisito de la doble incriminación para infracciones realizadas en el extranjero, a fin de poder castigar a los ciudadanos españoles por hechos punibles tipificados como tales por la legislación del país en el que se haya cometido, en coherencia con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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