José María Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria, 4 sep (EFE).-
El Estatuto de Canarias, reformado en 1996, permite al Gobierno autonómico convocar consultas populares para preguntar a los ciudadanos de la comunidad autónoma su opinión sobre determinados asuntos, algo que nadie discute, pero la cuestión estriba en qué asuntos y de qué manera.
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