Los socios de los Foros Mundiales del Agua, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP), por años han mantenido la estrategia de que existe un consenso internacional para que sean ellos los que se encarguen del control, distribución y conservación del agua en todo el mundo. El “CARTEL DEL AGUA” incluye a los gigantes franceses Suez y Vivendi, así como al conglomerado RWE-Thames, alemán y británico, con negocios en 130 países, que se disuelven con los intereses de la GWP, fundada por el BANCO MUNDIAL y corporaciones comercializadoras del agua, para que sirva como punta de lanza de los esfuerzos por dominar los proyectos integrados “público-privados”, con los cuales trasladar a entes particulares el manejo de acueductos públicos. Como parte de esa perversa estrategia privatizadora, que se presenta como un inocente traslado de competencias gubernamentales hacia grupos comunales de fácil formación, dichas corporaciones financian actividades nacionales, regionales, continentales y mundiales, en las que con “su” agua, realizan “lavados de cerebro” con argumentos en los que predomina la acusación de que el Estado es ineficiente y solo sirve para obstaculizar una distribución justa y equitativa del agua.
París y Berlín son las capitales europeas de la remunicipalización
“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.
<<Habrá ampliación>>
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