México y "La combativa historia de las Normales Rurales"

MILENIO

SIDDHARTA CAMARGO

Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Responsable de la organización de 22 archivos históricos de Escuelas Normales.

La combativa historia de las Normales Rurales

Las primeras Normales se abrieron al inicio de la vida independiente de México para instruir preceptores del sistema lancasteriano, que fue predominante hasta los últimos 20 años del siglo XIX. En el Porfiriato se inició una profunda reforma educativa que modernizó los métodos y materiales de enseñanza y se emprendió el primer intento serio por profesionalizar a los maestros mexicanos. En la actualidad existen al menos seis tipos de Escuelas Normales. En total hablamos de 444 en todo el país, 262 públicas y 178 privadas.

Las Escuelas Normales Rurales fueron creadas en la década de 1920. Hay consenso entre los historiadores sobre que la Escuela Regional Campesina de Acámbaro fue la primera. La más joven es la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata, que se ubica en la comunidad de Amilcingo, Morelos y fue abierta por un movimiento social y luego reconocida por los gobiernos estatal y federal, tras una larga confrontación en los 70.

Las Normales Rurales tienen su antecedente en las Normales Regionales Campesinas y las Escuelas Centrales Rurales. Desde sus inicios estas instituciones estuvieron alejadas de las prioridades del gobierno federal, lo cual implicó que carecieran de un presupuesto suficiente para cubrir sus necesidades. Así, los docentes y los estudiantes se veían obligados a buscar apoyos económicos de otras fuentes, lo que trajo como consecuencia que se generara un sentido de autonomía y permitió construir una vinculación con las comunidades que albergaban a las escuelas y las apoyaban materialmente.

Los programas de estudio eran elaborados en las propias escuelas y sólo hasta 1927 la SEP emitió un reglamento de carácter nacional sin trastocar del todo la autonomía académica ni el autogobierno democrático en el que participaban los estudiantes, y desde luego sin resolver la carencia de recursos económicos. Durante los 30 las Normales Rurales sufrieron cambios importantes. Primero, se consolidaron y normaron los mecanismos de autogobierno y se impusieron nuevos requisitos de ingreso a los aspirantes. Entre ellos llaman la atención dos: se pedía un certificado de pobreza y otro de “pureza” ideológica. Estos se sumaban a los certificados de primaria superior, buena salud y conducta, entre otros. Para el egreso, además de haber aprobado todos los cursos de forma satisfactoria y de presentar un examen profesional, se debía realizar un informe de actividades de organización social avalado por autoridades o líderes sociales. De esta forma, desde las propias estructuras gubernamentales se alentó la práctica de formar líderes sociales en las aulas normalistas.

El proyecto de las Normales Rurales se consolidó durante el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. En ese sexenio la SEP remitió a las escuelas un plan de estudios mediante el cual se podía formar a los maestros que nutrirían a las Normales Rurales, al tiempo que se podía formar a los técnicos que necesitaban los ejidos. Además, se proveía a los estudiantes de las herramientas teóricas y conceptuales para poder asumir plenamente su papel de líderes sociales y defensores del cooperativismo.

Cuando Ávila Camacho asumió el poder y decidió echar tierra al proyecto educativo cardenista, las normales rurales perdieron su carácter de formación de técnicos agrícolas, los internados mixtos fueron abolidos, el presupuesto de las escuelas reducido al mínimo y finalmente, en 1945, se implantó en las Normales Rurales un plan de estudios que las homologaba con las urbanas, con las que se vieron obligadas a competir en clara desventaja. De esta forma, el Estado prácticamente renunció a la idea de formar maestros especializados en atender las necesidades educativas del campo. Se dejó a las Normales Rurales a su suerte y se las puso en el camino de la sobrevivencia por sus propios medios. Estas condiciones adversas, sumadas a las prácticas corporativistas y los usos y abusos político-electorales de la pobreza, generaron un caldo de cultivo propicio para la manipulación política y la conflictividad. Las Normales Rurales, lejos de resignarse a desaparecer o perder su fuerte sentido de identidad, resistieron.

Las condiciones materiales siguieron siendo precarias durante los 50 y las diferencias políticas con los funcionarios del gobierno federal también se fueron agravando. Para los 60 el conflicto entre los gobiernos estatales y federales y las Normales Rurales tomó nuevos matices, cada vez más violentos. Tras el ataque al cuartel militar en Madera en 1965, en el que participaron los hermanos Gámiz, uno de ellos egresado de la Escuela Normal del estado (pero no de una rural), se desató la violencia contra miles de jóvenes. Los estudiantes y egresados de las Normales Rurales fueron víctimas propicias, pues su condición de hijos de campesinos, su pobreza, su militancia política y su capacidad intelectual los volvían “un peligro” ante los ojos de un régimen político anquilosado y cada vez más autoritario y represor. Las comunidades de las Normales Rurales acrecentaron su resistencia y se encerraron en sí mismas frente al embate de las autoridades. Es en este contexto que se debe hablar de los maestros guerrilleros. Es cierto que Lucio Cabañas estudió en la Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que fue líder de un movimiento armado. Lo que frecuentemente se omite es que el grupo guerrillero fue una respuesta, un grupo de autodefensa de campesinos que buscaban evitar ser asesinados por los pistoleros de las guardias blancas al servicio de los caciques locales y por los militares enviados a perseguirlos. Una vez más, los jóvenes normalistas rurales fueron vistos como enemigos. El cierre de escuelas Normales Rurales en ese periodo todavía se recuerda, en el seno del magisterio, como una afrenta del Estado.

En los años recientes se implementaron una serie de políticas que pretendían acercar a las Normales al resto de las instituciones de educación superior. Ante la insistencia del Estado de homogeneizar la formación de docentes (y ahora su evaluación mediante exámenes estandarizados), las Escuelas Normales Rurales han resistido y mantienen en la mayoría de los casos las áreas “asistenciales” (los internados y comedores) y las de producción agropecuaria, lo que permite que estudiantes de muy bajos recursos económicos puedan realizar estudios de tipo superior y prepararse para trabajar en zonas rurales.

La imagen que se ha propagado de que las Escuelas Normales Rurales son instituciones anquilosadas e inmóviles es completamente falsa. En este momento gozan de un gran impulso académico, y sus profesores se encuentran en un proceso de fortalecimiento que los ha llevado a realizar estudios de posgrado en las mejores universidades de México y del extranjero.

Los estudiantes de las Normales Rurales no son criminales: son jóvenes de origen rural y son pobres; merecen una oportunidad de acceder a la educación superior y el Estado mexicano está obligado a ofrecerles esas oportunidades. Los jóvenes mexicanos, estudiantes o no, tienen derecho de organizarse, formarse políticamente, expresar sus ideas y luchar por las causas que consideren justas. Estos ciudadanos mexicanos tienen derechos que deben ser garantizados en un país que se supone democrático.