El contrato de 24 millones de euros –a lo largo de 15 años- para la eficiencia energética en seis colegios públicos y dos ciudades deportivas que el Ayuntamiento de Alcalá adjudicó definitivamente en octubre de 2013 a Cofely, una de las empresas investigadas en la operación Púnica, no se ajustó al procedimiento normal de contrataciones públicas del Consistorio. Ésta fue la principal conclusión que se deriva de la primera sesión de comparecencias de la comisión especial de investigación sobre Cofely y otra empresa implicada en la trama, Waiter Music.
Según fuentes próximas al Ayuntamiento consultadas por Diario de Alcalá, en dicha sesión, celebrada el pasado viernes, tres de los técnicos del Ayuntamiento que tomaron la palabra ante el órgano investigador presidido por la portavoz de IU, Pilar Fernández, coincidieron en afirmar que el largo proceso que derivo en la contratación con Cofely fue “extraordinario”, y visiblemente divergente de los “procedimientos habituales” que utiliza el Consistorio complutense para la adjudicación pública de suministros de bienes y servicios.
"Sorprendente", según Pilar Fernández. La propia Pilar Fernández, en declaraciones a Diario de Alcalá, ha calificado de "sorprendente" el hecho de que en el proceso de adjudicación que llevó al contrato de eficiencia energética con Cofely, "el pliego administrativo fuera realizado antes que el pliego técnico, pese a que el pliego administrativo ya hacía referencia al pliego técnico, que se elaboró dos meses después.
"En el pliego administrativo ya se hablaba del coste de la privatización para el Ayuntamiento y del ahorro que supondría, cuando eso sólo podía figurar en el expediente técnico, al que hacía referencia el administrativo sin existir el segundo aún", explica Fernández, convencida de que al final de la comisión sobre Cofely tienen que "dilucidarse las responsabilidades políticas del PP, pues mucho nos tememos que en este caso hubo directrices políticas claras para privatizar este servicio energético" afirma Fernández,
La presidenta de la comisión de investigación sospecha, como otros grupos políticos de la oposición, que hubo "presiones" para adjudicar a Cofely un contrato que inicialmente se quedó sin seguir su curso en la Junta de Gobierno Local.
"Los informes técnicos en contra de esa adjudicación demostraban con cifras que era más barato para el Ayuntamiento no privatizar el servicio", concluye Pilar Fernández.
COMENTARIO PRESUNTAMENTE POLÍTICO POR JUAN ANTONIO CAMARGO*
Por el mero hecho de denunciar lo que mis "compañeros" afirman ahora ya me ha costado mas 40 meses de suspensión de empleo y sueldo y una amenaza de querella criminal por presuntas injurias y calumnias del Jefe de Contratación Hector Bares contra, mi por mis afirmaciones sobre las irregularidades-es cosa juzgada- en el caso Gürtel que afecta presuntamente el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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