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| Jaime Carnicero, presidente de Mancomunidad Aguas del Sorbe / Foto: MAS |
07/11/2014
Aguas del Sorbe proyecta una nueva conducción con sobrecostes injustificados
Jaime Carnicero, presidente de la Mancomunidad Aguas
del Sorbe, ha sido imputado y se enfrenta a un delito de malversación
de fondos públicos por gastar dinero de esa mancomunidad de aguas en
campañas de publicidad para atacar la imagen tanto de los municipios de
Marchamalo como de Yunquera de Henares, en concreto más de 10.000 euros
para presuntamente atacar a estos municipios que no están controlados
por el Partido Popular.
Carnicero también es segundo
teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara y coordinador de
Presidencia y Protocolo del consistorio.
La
declaración ante la justicia ha sido fijada para el próximo 4 de
diciembre en los juzgados de Guadalajara enfrentándose a un posible
incumplimiento del artículo 433 del Código Penal.
La
Mancomunidad Aguas del Sorbe se gasta al año 80.000 euros en campañas de
publicidad, destinando según los propios alcaldes afectados 10.000
euros simplemente a desprestigiar a las dos localidades de la
mancomunidad que no están gobernadas por el PP. Esta mancomunidad cuenta
con precedentes como la contratación personal hecha por Carnicero de
tres asesores asignadas a tres personas de su círculo sin pasar ningún
requisito ni currículum, y en cuyos tres altos cargos se gasta 135.000
euros.
Extracto de la imputación de Jaime Carnicero
A ello hay que sumarle los sobrecostes que han denunciado algunos alcaldes en las obras de la tercera conducción de agua
que contempla la mancomunidad hacia Alcalá de Henares, valoradas en el
doble de lo que según algunos ediles así como proyectos previos debería
costar. Cerca de 60 millones de euros se gastaría 'Aguas del Sorbe' en
esa obra cuando los proyectos previos registraban un gasto de 29
millones. Para esos sobrecostes se usan materiales no recomendados por
las autoridades hidrográficas y formas de trabajo rechazadas por el
propio Canal de Isabel II de Madrid, que disparan el precio de la obra a
pagar entre los vecinos de los municipios que conforman las
localidades.
En las campañas para atacar a Marchamalo
y Yunquera, el propio alcalde marchamalero, Rafael Esteban, indicaba
que las informaciones que se daban sobre esos municipios no eran
correctas y estaban premeditadamente sesgadas para manchar la imagen de
la localidad, incluso con afirmaciones falsas según Esteban. Una de
ellas era la deuda que mantenía Marchamalo con la mancomunidad, algo que
el propio alcalde mediante la secretaría del Ayuntamiento ha demostrado
no ser verdad: este ayuntamiento está al día de todos los pagos con la
mancomunidad.
Carnicero no obstante aún mantiene que
Marchamalo debe dinero a la mancomunidad a pesar de que los propios
organismos certifican lo contrario, por lo que se tendrá que sentar ante
los tribunales para explicar el uso "partidista" -según Rafael Esteban-
del dinero público.
PIDO LA PALABRA POR ALUSIONES
PLATAFORMA CÍVICA ECOSOCIAL
"ALCALÁ DE HENARES MERECE LA PENA"Escrito por Juan Antonio Camargo*: Según creo recordar fue una "importante" reunión en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe-de la que existe constancia en las videotecas- la razón de peso político esgrimida por el alcalde Bartolomé Gonzalez Jimenez y por el concejal Marcelo Isoldi Barbeito para justificar su ausencia en la Junta de Gobierno de 6 de septiembre de 2011 en la que se aprobó el presunto comienzo de las presuntas trapacerias políticas-con el presunto aval económico y juridico del reparador interventor y del titular del organo de apoyo, respectivamente-de lo que luego se ha conocido como la Operación Púnica que es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco. El 27 de octubre de 2014, fueron arrestados por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.5 Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».
El nombre de «Operación Púnica» otorgado al operativo por parte de la Guardia Civil provino del nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo por tanto una referencia velada a Francisco Granados.
Entre los arrestados se encuentran Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle),el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados. Tras la detención el día 28 de octubre de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.
Para el próximo dia 31 de diciembre de 2014 está convocado un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, monográfico sobre la presunta trama criminal Púnica que afecta al Consistorio Complutense y, en el que estaran presentes todos los responsables polticos por acción ó por omision del derecho-deber de denunciar que obliga a todo funcionario público, ya que el asunto era vox populi desde que el edil complutense y lider de la mafia gay azul-celeste de la Comunidad de Madrid Gustavo Severien Tigeras y la ínclita edil de coalición Izquierda Unida-PCE de Alcalá de Henares Pilar Fernandez Herrador, la Reina Roja de la mafia de la coalición PCE-Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, firmaron la omertà ó Pacto de la Calle Colegios.
Durante ese pleno Pili la Roja debe elegir entre si continua instalada en el lado oscuro de la política y se sigue comportando como una vulgar meretriz política que ha puesto el precio de 75.000 euros a su cuerpo y su alma política, medinte una firma, que por otra parte, no tiene ningún valor político ni ideológico, ó por el contrario retorna al mundo real, presuntamente claro.
<<Habrá continuación>>
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