Alcalá de Henares: La investigación sobre las supuestas irregularidades en el consistorio complutense se inició en mayo de 2014 y no en noviembre de 2014 como afirma Javier Bello

Ó. López-Fonseca

19.03.2015
La investigación sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde gobierna el PP con mayoría simple, se inició en mayo de 2014 cuando un funcionario municipal, Juan Antonio Camargo, envió al magistrado de la Audiencia Nacional "por fax" una denuncia en la que implicaba directamente a un alto cargo de la constructora Licuas SA, José Antonio F.S., y a los concejales Fernández Abad y Severien Tigeras en una presunta trama de "comisiones a cambio de contratos de obras". Los agentes interrogaron al denunciante el pasado 10 de diciembre durante tres horas en las que éste no sólo ratificó el contenido del documento que había remitido al juez Ruz, sino que dio más detalles y aportó documentación.

Durante su declaración, Camargo detalló que la adjudicación del contrato de 406.890,15 euros para remodelar el pavimento del centro histórico de la localidad madrileña, "se llevó a cabo de una manera irregular, pues la empresa a la que debía habérsele otorgado los trabajos era a Constructora Hispánica [mercantil salpicada en el 'caso Gürtel'] debido a que ésta había presentado una mejor oferta". Sin embargo, siempre según su testimonio, el concurso se lo terminó llevando Licuas "por las indicaciones que había recibido de sus superiores, concretamente por parte de Francisco Javier Fernández Abad, concejal de Obras y Servicios".

En su relato a la Policía, el funcionario municipal detalló que él se reunió en agosto de 2006 con José Antonio F.S., el directivo de Licuas, "con el objeto de formalizar la firma de las certificaciones que quedaban pendientes de los trabajos realizados" y que fue en dicho encuentro cuando éste "le comunica que por la adjudicación se entregarían unas comisiones, diferenciado por un lado a concejales y por otro a técnicos". Juan Antonio Camargo aseguró a los agentes de la UDEF que él rechazó dicha 'mordida' y que pidió al representante de la constructora "que su parte la ingresasen en Cruz Roja".

Con este testimonio en la manos, los agentes de la UDEF comprobaron, gracias a la documentación que la propia empresa tuvo que aportar al 'caso Bárcenas' cuando su presidente, Joaquín Molpéceres, fue imputado por el juez Ruz por aparecer su nombre en uno de los apuntes contables del extesorero por una supuesta 'donación' irregular de 60.000 euros realizada en junio de 2004, que "la sociedad Licuas ha resultado adjudicataria de un gran número de contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares", gobernada por el PP desde 2003. Con todo ello y con el apunte de los 'papeles de Bárcenas' en el que se señala al dueño de la constructora como 'donante' del PP, la UDEF concluía que "existen indicadores en relación a que la empresa Licuas podría haber efectuado entregas de efectivo a cambio de la adjudicación de contratos o trabajos". 

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