Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Ha sido embajador de España en Italia y Presidente de UNEDISA-EL MUNDO. Autor de más de cuarenta libros de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Diplomacia.
La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás. Como es sabido, esta frase atribuida a Churchill, es citada constantemente para significar que, con todos sus defectos, una democracia es siempre mejor que una dictadura o que cualquier otro régimen sin tervención del pueblo.
Por supuesto, la frase es válida, pero es demasiado simplista para tomarla como si fuese el bálsamo de Fierabrás, es decir, que sea cierta en todos los supuestos. Y ello por la sencilla razón de que hay muchas formas de democracia, basadas en elecciones libres, y, por tanto, no todas son igualmente válidas.En cualquier caso, las elecciones, sustento de la democracia, se justifican porque cumplen tradicionalmente tres funciones decisivas.
En primer lugar, porque es la única manera de conferir a los dirigentes políticos la impronta de legitimidad necesaria para conseguir la obediencia voluntaria en la inmensa mayoría de los ciudadanos, puesto que es el pueblo quien los ha elegido.
En segundo lugar, porque las elecciones por sí mismas no resuelven evidentementes los problemas, pero deciden quién habrá de intentar resolverlos. En tal sentido, las elecciones aparecen así como una forma de participación indirecta en el poder, a través de los representantes válidamente elegidos, ya que es materialmente imposible que en las sociedades de masas puedan participar todos, y en todo momento, en las decisiones que se adoptan.
La democracia, por tanto, es siempre mediatizada, porque el pueblo no es un sujeto directo más que para elegir a los que le representarán después, empezando por el Gobierno que se forma en base a una mayoría.
Y, en tercer lugar, porque las elecciones establecen un periodo limitado de tiempo para ejercer el poder, a diferencia de las dictaduras o monarquías absolutas. Como afirma Popper, 'es el método más adecuado para echar a unos gobernantes que no han cumplido sus promesas o que no han sabido resolver los problemas'.
La idea en sí parece inobjetable, pero en la práctica se muestra insuficiente en múltiples ocasiones, porque cuando un gobernante, al poco de comenzar su mandato, o mediado el mismo, deja de tomar decisiones que se consideran necesarias, y, en cambio, las que toma son completamente inoperantes, ineficaces o injustas, acaba perdiendo su legitimidad. En efecto, en una democracia no basta para gobernar con la legitimidad de origen, que confieren las elecciones, sino que también es indispensable la legitimidad de ejercicio, que sólo se mantiene con una política aceptada por los ciudadanos y que se pierde por las acciones u omisiones que la mayoría del pueblo no acepta.
Esto es lo que esta ocurriendo en España con el Gobierno de RodriguezZapatero, después de sus seis años de mandato, es decir, una legislatura y media, faltando dos años para las próximas elecciones generales. En este tiempo, ha logrado cosechar una serie de fracasos que están alejando a España y a los españoles de los niveles que logramos alcanzar hace años.
El fracaso económico, con cerca de cinco millones de parados y un déficit galopante; el fracaso institucional con los agravios permitidos a poderes del Estado; el fracaso diplomático, con una política exterior absurda, culminada con una presidencia de Europa que no ha dado más de sí que la presidencia de una comunidad de vecinos, y que ha desembocado en el tutelaje humillante de varios países sobre el nuestro; el fracaso autónomico con un Estatuto catalán que ha dinamitado el Estado constitucional.
¿Para qué seguir? A estas alturas no creo que haya muchos que mantengan que el Gobierno de Zapatero sigue manteniendo intacta su legitimidad de origen. Más bien al contrario: aparece como el modelo de un Gobierno democrático que ha perdido, por el ejercicio de su nefasta política, toda, o gran parte, de la legitimidad adquirida en las urnas.
Ante esta situación, que el presidente del Gobierno ha querido enderezar con decisiones insuficientes y tardías, la democracia está indefensa, pues los mecanismos que podrían exigir su responsabilidad política no parecen suficientes.
Ni la cuestión de confianza que podría plantear aquel ante el Congreso, ni la moción de censura que exige una mayoria que apoye a un candidato de la oposición, podrían resolver ya, siempre que fuesen susceptibles de prosperar, el caos político y económico en que nos hallamos inmersos.
Únicamente se podría acabar con esta situación, a través de la convocatoria de unas elecciones en el menor tiempo posible. Ahora bien, el único que puede adelantar los comicios es el propio presidente del Gobierno, según el artículo 115 de la Constitución y, desde luego, no lo hará nunca voluntariamente.
Pero, en cambio, si un gran número de ciudadanos españoles responsables, de todos los colores políticos, en lugar de crear más polvareda con manifestaciones, huelgas y agitaciones sociales, utiliza el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución y la Ley Orgánica que lo desarrolla, para solicitar al Presidente la convocatoria de elecciones, éste no tendría más remedio que hacerlo.
A veces las soluciones de los más complicados problemas, pasan por las soluciones más fáciles. Sólo basta con que alguien levante la bandera de la petición colectiva y millones de españoles, hastiados hasta la náusea, la secunden.
En primer lugar, porque es la única manera de conferir a los dirigentes políticos la impronta de legitimidad necesaria para conseguir la obediencia voluntaria en la inmensa mayoría de los ciudadanos, puesto que es el pueblo quien los ha elegido.
En segundo lugar, porque las elecciones por sí mismas no resuelven evidentementes los problemas, pero deciden quién habrá de intentar resolverlos. En tal sentido, las elecciones aparecen así como una forma de participación indirecta en el poder, a través de los representantes válidamente elegidos, ya que es materialmente imposible que en las sociedades de masas puedan participar todos, y en todo momento, en las decisiones que se adoptan.
La democracia, por tanto, es siempre mediatizada, porque el pueblo no es un sujeto directo más que para elegir a los que le representarán después, empezando por el Gobierno que se forma en base a una mayoría.
Y, en tercer lugar, porque las elecciones establecen un periodo limitado de tiempo para ejercer el poder, a diferencia de las dictaduras o monarquías absolutas. Como afirma Popper, 'es el método más adecuado para echar a unos gobernantes que no han cumplido sus promesas o que no han sabido resolver los problemas'.
La idea en sí parece inobjetable, pero en la práctica se muestra insuficiente en múltiples ocasiones, porque cuando un gobernante, al poco de comenzar su mandato, o mediado el mismo, deja de tomar decisiones que se consideran necesarias, y, en cambio, las que toma son completamente inoperantes, ineficaces o injustas, acaba perdiendo su legitimidad. En efecto, en una democracia no basta para gobernar con la legitimidad de origen, que confieren las elecciones, sino que también es indispensable la legitimidad de ejercicio, que sólo se mantiene con una política aceptada por los ciudadanos y que se pierde por las acciones u omisiones que la mayoría del pueblo no acepta.
Esto es lo que esta ocurriendo en España con el Gobierno de RodriguezZapatero, después de sus seis años de mandato, es decir, una legislatura y media, faltando dos años para las próximas elecciones generales. En este tiempo, ha logrado cosechar una serie de fracasos que están alejando a España y a los españoles de los niveles que logramos alcanzar hace años.
El fracaso económico, con cerca de cinco millones de parados y un déficit galopante; el fracaso institucional con los agravios permitidos a poderes del Estado; el fracaso diplomático, con una política exterior absurda, culminada con una presidencia de Europa que no ha dado más de sí que la presidencia de una comunidad de vecinos, y que ha desembocado en el tutelaje humillante de varios países sobre el nuestro; el fracaso autónomico con un Estatuto catalán que ha dinamitado el Estado constitucional.
¿Para qué seguir? A estas alturas no creo que haya muchos que mantengan que el Gobierno de Zapatero sigue manteniendo intacta su legitimidad de origen. Más bien al contrario: aparece como el modelo de un Gobierno democrático que ha perdido, por el ejercicio de su nefasta política, toda, o gran parte, de la legitimidad adquirida en las urnas.
Ante esta situación, que el presidente del Gobierno ha querido enderezar con decisiones insuficientes y tardías, la democracia está indefensa, pues los mecanismos que podrían exigir su responsabilidad política no parecen suficientes.
Ni la cuestión de confianza que podría plantear aquel ante el Congreso, ni la moción de censura que exige una mayoria que apoye a un candidato de la oposición, podrían resolver ya, siempre que fuesen susceptibles de prosperar, el caos político y económico en que nos hallamos inmersos.
Únicamente se podría acabar con esta situación, a través de la convocatoria de unas elecciones en el menor tiempo posible. Ahora bien, el único que puede adelantar los comicios es el propio presidente del Gobierno, según el artículo 115 de la Constitución y, desde luego, no lo hará nunca voluntariamente.
Pero, en cambio, si un gran número de ciudadanos españoles responsables, de todos los colores políticos, en lugar de crear más polvareda con manifestaciones, huelgas y agitaciones sociales, utiliza el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución y la Ley Orgánica que lo desarrolla, para solicitar al Presidente la convocatoria de elecciones, éste no tendría más remedio que hacerlo.
A veces las soluciones de los más complicados problemas, pasan por las soluciones más fáciles. Sólo basta con que alguien levante la bandera de la petición colectiva y millones de españoles, hastiados hasta la náusea, la secunden.
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