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Óscar López Fonseca
27/04/2017
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Era el testaferro perfecto. No podía delatar a nadie y tampoco iba a reclamar ninguna cantidad económica por sus funciones. Estaba muerto. Ignacio González y su hermano Pablo utilizaron durante años la empresa instrumental Asesora25 SL para supuestas maniobras de blanqueo en la que figuraba como administrador único Iluminado Hernández Jiménez, un abogado que había fallecido a finales de 2013. Su bufete, desmantelado poco después de su muerte como ha podido constatar EL PAÍS, también servía aún como sede ficticia de una sociedad dedicada formalmente a “auditoría y asesoría fiscal”, pero de la que el juez Eloy Velasco que en realidad sirvió para el cobro de supuestas comisiones y el lavado de dichos fondos.
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