PABLO
NUEVO
LÓPEZ
3/10/2017
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No es ninguna novedad que el proceso separatista esté sometiendo a tensión al ordenamiento constitucional español. Desde hace años tenemos que convivir con la ilegalidad promovida desde el poder, el desvío de dinero público a organizaciones ideológicas que aspiran a declarar extranjeros en su tierra a parte de nuestros conciudadanos o un absoluto desprecio al pluralismo social por parte del Gobierno autonómico de Cataluña. Pero los hechos del pasado 1-O muestran que estamos ante un riesgo evidente de quiebra del Estado constitucional.
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