17/10/2018 Pepe Seoane |
Las «medidas de presión no legítimas» con las que la Xunta de Galicia ha intentado desalojar a la inquilina de un edificio público de Ourense, que lo ocupa desde el año 1963, han colocado a la secretaria xeral técnica y al subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín y Jacobo Moure, como destinatarios de una querella que firma el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. El representante del ministerio público aprecia en el proceder de la administración indicios de un delito de coacciones inmobiliarias. Seguir leyendo>>
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