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20/01/2021 |
Suele calificarse de buena sentencia, aquella que argumenta en derecho y acierta en Justicia, pero siempre que contenga los sentimientos personales que abriga el juez que la dicta. Se pide al juez que se comporte como una esfinge, impasible, considerando que los jueces hablan a través de las sentencias, y las sentencias no hablan de lo que siente el juez.
En su día ya aludí a los jueces benévolos y las vías que se abren para dar entrada al corazón en las sentencias (¿Equidad o caridad judicial?) pero ahora quería referirme a las ocasiones en que algunas sentencias deslizan reflexiones, emociones o sentimientos del juez, que no se contiene.
No se trata de excesos dialécticos absurdos, ni soflamas ideológicas, sino sencillas precisiones que ayudan a comprender la dificultad de juzgar y el peso de lo justo cuando colisiona con la mala ley o la mala actuación administrativa.
Viene al caso, porque me he tropezado con esta llamativa sentencia de hace un año, pero que tienen un puente de comprensión entre justiciable y Justicia, entre ciudadano y sentencia.
No se trata de sentencias al gusto del juez, como las del llamado buen juez Magnaud, sino de sentencias humanizadas. Su lectura es elocuente. Se trata del caso zanjado por la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa de Canarias de 12 de marzo de 2019 (rec. 141/2018), que se enfrentó a enjuiciar una liquidación por deuda tributaria derivada de error de facturación de mobiliario por una empresa, que le supuso pagar lo debido y otro tanto en concepto de multa, o sea, casi doscientos mil euros adicionales; primero, la Sala anula la desmesurada multa argumentando jurídicamente que no está probada la culpabilidad, y podía haberse detenido ahí. Una sentencia más en la base de datos. Sin embargo, lo que me hace sacarla del redil y comentarla es que la sentencia demuestra la sensibilidad judicial y que los jueces tienen los pies en la tierra. Presten atención a esta confesión plasmada en sentencia:
Por otro lado, y fundamentalmente —en honor a la verdad—, es prácticamente imposible que la conciencia de los miembros de un Tribunal de Justicia —o la de este ponente, por lo menos— pueda quedar en paz después de confirmar la validez de unas multas por importes tan desmesurados como lo son las de las sanciones económicas aquí recurridas, cuya desproporción con los hechos objeto de censura, además de venir claramente desvinculada de la realidad social de estos tiempos, pugna con el más elemental sentido de la Justicia, erigiéndose así tal falta de medida en un factor que se vuelve en contra de la Hacienda Pública, de donde resulta que, paradójicamente, el Estado, pese a ser el beneficiario de la ley que tal desproporcionado reproche autoriza, termina por ser el que soporte las consecuencias inherentes a tal deficiente regulación jurídica».
Me reconforta como ciudadano leer una sentencia así, que aplaudo por su valentía, claridad y empatía social.

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