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| 04/03/2021 David López Canales |
Sucedió el pasado 19 de octubre. Aquella mañana Mario Gómez, de 45 años, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, salía de casa con su hija de once años cuando se encontró una pintada en la fachada de enfrente insultándolo. También la vio la niña. Eso fue, confiesa ahora a elDiario.es, la gota que colmó el vaso. Dos horas después se encontraba en la comisaría de la Policía denunciando tanto la pintada como el acoso que, según explicó, sufre desde comienzos del verano pasado. Un año antes, su partido, Ciudadanos, y el Partido Popular del alcalde, José Ballesta, alcanzaron un acuerdo de Gobierno y él se convirtió en vicealcalde, en concejal de Fomento y en el responsable de la mesa de contratación del municipio y empezó a actuar contra la corrupción en su Ayuntamiento, según revela la denuncia presentada ante los agentes.
La misma tarde que acudió a comisaría recibió una llamada de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, la UDEF. Había hecho una acusación de supuestos delitos de corrupción y debía aportar pruebas. Tres días más tarde, Gómez comparecía en la sede de esa unidad policial con más de tres gigas de documentación. Expedientes del Ayuntamiento y contratos con empresas sospechosos de ser adjudicaciones directas y, por lo tanto, ilegales. Casi 200 carpetas de información como prueba para la denuncia que hacía así al equipo de Gobierno del Ayuntamiento; a su propio equipo de Gobierno.
Esa denuncia, que adelanta ahora elDiario.es, fue la culminación de más de un año de disputa primero soterrada y después abierta en la coalición que gobierna el Ayuntamiento. Una guerra entre el PP, socio mayoritario, y Mario Gómez, líder de Ciudadanos, que esta semana ha alcanzado otro punto insólito, al anunciar los populares que se querellarán contra él por supuesta revelación de secretos. A pesar de que las relaciones en el consistorio son, como las define Gómez, "cordiales y profesionales", la situación ha llegado a un punto de inestabilidad que hace que estén "todas las opciones abiertas", lo que abarca desde una normalización de las relaciones a una moción de censura que podría desembocar en un cambio en el Gobierno de la ciudad tras más de 25 años de alcaldes populares.
En medio de esa tormenta ambos partidos se sientan este viernes juntos en la reunión de la mesa de gobierno. Dice Gómez que Ciudadanos, donde se debatió hasta última hora de la tarde del jueves, lo hará por "responsabilidad". En su partido, que también gobierna con el PP en la región con el popular Fernando López Miras como presidente, están informados de la denuncia que puso en octubre y de la que no había noticia, según confirma Gómez. Desde hace meses, como revela, ha habido presiones del PP para que sea relevado de su cargo, dada la insostenibilidad evidente de las relaciones entre ambos socios de Gobierno.
"El ataque y el bloqueo no es a mí, sino a Ciudadanos, y nosotros estamos juntos", afirma el vicealcalde, quien revela que durante meses ha tratado de dialogar con el regidor, José Ballesta, y alcanzar un acuerdo para sanear el Ayuntamiento y terminar con las prácticas de contratación que ha acabado denunciando a la policía. Pero afirma que se ha topado siempre con el silencio e incluso el veto cuando ha solicitado, entre otras actuaciones, una auditoría de los servicios.
Entre los contratos que Gómez trasladó a la policía para que fueran investigados figuran desde pequeños proyectos hasta grandes adjudicaciones. Desde los contratos de mantenimientos de las motos de la policía local, que se adjudicaban recibiendo tres ofertas, como marca la ley, pero procedentes de distintos miembros de una misma familia; hasta contratos de decenas de millones de euros. Uno de los más importantes es el de la conservación, mantenimiento y restauración de los parques y jardines de la ciudad. Tal y como ha podido comprobar este periódico, todo el proceso del contrato, hoy denunciado también a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el PSOE en la región, está salpicado de datos y hechos dudosos.
Se formalizó en agosto de 2019, con la firma del propio Gómez como responsable de las contrataciones más importantes, pero había sido adjudicado por el equipo de Gobierno anterior a las elecciones que dieron como resultado el pacto entre PP y Ciudadanos. Un contrato por valor de casi 70 millones de euros repartidos en siete lotes de los cuales el primero y más importante, adjudicado a las empresas Actúa y STV, dos de las más potentes y que acaparan más contratos en la región, suponía casi 50 millones de euros. Los lotes 2 y 3, que alcanzaban casi 10 millones de euros, también fueron para STV.
Según la documentación en poder de este diario, el contrato se anunció en octubre de 2018 y se establecía un plazo de tan sólo un mes para que las empresas hicieran sus ofertas. Hasta entonces el servicio lo había prestado la empresa STV en solitario. Entre las condiciones que requería el pliego, que no sólo incluía el mantenimiento de los parques y jardines, sino el rediseño de una veintena de ellos entre el núcleo urbano y las pedanías, figuraba la elaboración de renders, una recreación digital en tres dimensiones utilizada habitualmente por los estudios de arquitectura para sus proyectos, de las propuestas de diseño.
Una exigencia atípica para un contrato de este tipo, por el alto coste de las infografías. Como apunta la denuncia en la Fiscalía, puede superar los 80.000 euros por cuarenta renders. Una inversión desproporcionada para optar a un contrato de estas características. Además, la valoración de las ofertas tenía una "alta subjetividad", denuncia a elDiario.es Antonio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento. "Los servicios de mantenimiento eran la parte fundamental del contrato, casi el 90% del presupuesto. Sin embargo, la valoración de la parte de obras, de ese rediseño de los parques, superaba el 40% y estaba sujeta no tanto a criterios técnicos y cuantificables sino a subjetivos", detalla. Entre ellos, la presentación y valoración de esos renders.
Las primeras dudas surgieron nada más anunciarse el contrato. Un mes no era plazo suficiente para presentar esas ofertas. Menos aún si había que seleccionar qué parques y jardines se remodelarían, medirlos, diseñarlos, presupuestarlos y, además, encargar los renders de los proyectos. La queja de la oposición entonces hizo que se ampliara a dos meses. En el contrato, además, se establecía como "esencial" que hubiera una gran parte de las obras finalizada en seis meses. "Una estrategia del Partido Popular para lograr una rápida adjudicación, que se hicieran las obras y llegar a la campaña electoral con ellas terminadas para poder inaugurarlas", afirma el concejal socialista. Pero la adjudicación terminó recurrida, los meses previos a las elecciones no se realizó ninguna obra y llegaron los comicios con el contrato adjudicado a Actúa y STV pero sin que estuviera aún firmado y por tanto sin ser válido todavía.
Eso no impidió, en cambio, que tanto el alcalde como su equipo utilizaran en la campaña algunos de los renders presentados por las empresas ganadoras. Un uso de medios públicos para la campaña y un posible indicio de una presunta financiación ilegal del partido, según apunta el PSOE en su denuncia. El alcalde usaba entonces como argumento de campaña la imagen de unos parques propuestos por unas empresas que aún no eran legalmente las adjudicatarias del concurso.
Sin embargo, el dato más revelador sobre los renders, que se han convertido en la clave del caso, no es ese uso electoral en redes sociales, sino el que muestra un informe pericial, aportado a la denuncia, y al que también ha tenido acceso elDiario.es. Según éste documento muchos de esos renders, como demuestran sus metadatos, comenzaron a realizarse meses antes de que fuera anunciado el concurso y por tanto de que se supiese de la necesidad de aportarlos en las ofertas al concurso. Se trataría, en este caso de un presunto delito de uso de información privilegiada, recoge la denuncia. La oposición sospecha, igual que sostiene el propio vicealcalde en su denuncia ante la UDEF, que el contrato habría sido elaborado sabiendo de antemano a quién se adjudicaría.
Pero el escándalo no termina ahí. Tras haber sido asignado finalmente a ambas empresas, ese plazo de seis meses que se establecía en la licitación terminó sin que se realizaran las obras previstas. "Como habían pasado ya las elecciones, ya no importaba...", dice Benito, del PSOE. Desde entonces, cumplido ese tiempo, la oposición solicita al Ayuntamiento información sobre el estado de las obras y reclama la penalización correspondiente a las empresas. Como consecuencia de esa presión se anunció a comienzos de esta semana una sanción de 130.000 a las empresas adjudicatarias por incumplimiento. Una cantidad que para los socialistas resulta "ridícula".
"Si era esencial que la obra estuviera en seis meses, la sanción debería ser por falta grave y por lo tanto entre el 5 y el 10% del presupuesto. Es decir, entre dos y cuatro millones de euros", argumentan en el PSOE. En las obras e instalaciones que debían realizarse en esos primeros seis meses figuraban, entre otras, plantar 15.000 árboles y colocar 3.000 bancos. "Pues bien, he pedido durante semanas información de dónde están puestos esos 3.000 bancos y no sólo no me la han dado, sino que el concejal del PP José Guillén ha amenazado con denunciarnos y el jefe de ese servicio en el Ayuntamiento ha dicho que no me va a dar mas información", se lamenta el edil del PSOE.
El jefe de servicio al que se refiere el concejal socialista es Francisco Carpe, un puesto directivo técnico en el consistorio. No sólo es la persona que debe supervisar ahora el cumplimiento del contrato, sino que fue también el responsable del pliego del mismo y participó en la adjudicación. El propio Carpe ha comparecido en una comisión del ayuntamiento creada tras las últimas elecciones, por exigencia de Ciudadanos, para supervisar los grandes contratos de la ciudad y que preside Gómez. En ella ha respondido con negativas a las solicitudes de información e incluso ha apuntado que cuando se redactaron las condiciones del contrato se tuvieron en cuenta tanto "inquietudes técnicas como del equipo de Gobierno", según recoge el acta de aquella comparecencia.
"Esta historia no tiene ningún interés periodístico", responde, escueto, al teléfono Carpe cuando elDiario.es contacta con él. Rechaza aclarar ninguna de las cuestiones relacionadas con el contrato y su seguimiento e insta a hacer cualquier solicitud en ese sentido a la oficina de prensa del Ayuntamiento. También declina hablar de la conexión que existe entre STV, una de las empresas adjudicatarias, y su familia. Un familiar directo suyo, piloto de motos, es patrocinado por la compañía. "No sé de qué habla", responde. La empresa STV tampoco ha respondido a este periódico.
El Gobierno de la ciudad de Murcia, entretanto, pende de un hilo por este escándalo.
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