02/06/2021 Marta Borraz |
100, 200 o incluso más son los kilómetros que separan a muchas mujeres de su derecho al aborto en España. De Jaén a Granada o Málaga. De Soria a Valladolid. De Toledo a Madrid o de Huesca y Teruel a Zaragoza. Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven. Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en nuestro país incluso más de diez años después de la puesta en marcha de la Ley del Aborto.
Según los informes estadísticos anuales que publica el Ministerio de Sanidad, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Son Jaén en Andalucía; Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Aragón; Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León y Cáceres en Extremadura. También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto implica que dentro de sus fronteras no se han realizado y que derivan a las mujeres a otros territorios, según confirman varias consejerías de Sanidad a elDiario.es. A ellas hay que sumarles algunas islas de Canarias y Baleares y otros territorios que solo realizan una parte de las intervenciones y desplazan a las mujeres en determinados circunstancias. Seguir leyendo>>
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