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| 22/10/2021 Mario Osava |
Dos secretarios del Ministerio de Economía y sus adjuntos renunciaron el jueves 21, luego que el gobierno de extrema derecha anunció una ayuda mensual de 400 reales (72 dólares) a 17 millones de familias pobres, rompiendo con ello el “techo de gastos”, la regla constitucional creada en 2017 que limita el aumento del presupuesto anual a la inflación del año anterior.
Los dimisionarios, responsables del presupuesto y del Tesoro, alegaron “razones personales” para su renuncia, pero quedó en evidencia su disconformidad con el vuelco en las reglas fiscales y con el ministro de Economía, Paulo Guedes, que admitió la necesidad de una “licencia para gastar” por encima de ese forzado techo.
Se trata de una concesión al “populismo electoral” de Bolsonaro, cuyo intento de reelegirse en octubre de 2022 exige recuperar una popularidad perdida por su actitud negacionista ante la pandemia de covid-19, que ya mató más de 604 000 personas en este país de más de 213 000 habitantes.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado lo acusa de nueve delitos, incluso “crimen contra la humanidad” y propagación de una epidemia con resultado de muertes, al haber estimulado la población a violar medidas de prevención, retardado la compra de vacunas y fomentado falsedades sobre la pandemia, entre otras acciones.
Charlatanismo es otra acusación, porque el mandatario recomendó medicamentos inadecuados, como cloroquina y el antiparásito ivermectina, que su gobierno sigue promoviendo como “tratamiento precoz”. El mismo Bolsonaro lo defendió en su discurso en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre.
Prevaricación se suma a la lista de imputaciones, por la omisión de acción ante una denunciada corrupción en la compra de vacunas, además de “crimen de responsabilidad”, que comprende varias ilegalidades de autoridades públicas.
Otras 65 personas, incluyendo los tres hijos políticos del presidente, cuatro ministros y dos exministros, son apuntadas como autores de por lo menos uno de los 23 delitos previstos en las leyes brasileñas, según el informe de su relator, el senador Renan Calheiros. La CPI proyecta añadir otros 10 acusados en los próximos días.
El demoledor informe de 1180 páginas debe ser aprobado el 26 de octubre por los siete miembros de la CPI unidos en las críticas al gobierno, mientras lo van a rechazar otros cuatro, aliados de Bolsonaro y que ya anunciaron informes alternativos, que eximen de culpas al presidente.
La comisión entregará sus conclusiones al Ministerio Público (fiscalía general), que se encarga de investigaciones judiciales y enjuiciamiento, al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien decide sobre la apertura de procesos de inhabilitación del presidente por llamados delitos de su responsabilidad, y a otras autoridades judiciales.
También se puede llegar al Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, por delitos contra la humanidad, presuntamente cometidos por Bolsonaro, en el poder desde el primer día de 2019.
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