España: Los abusos en la Iglesia no pueden ser carnaza política.

29/01/2022

La Iglesia se juega su credibilidad y el respaldo a su tarea humanizadora.
La defensa de los menores víctimas de abusos por miembros de la Iglesia católica, el acompañamiento de los afectados para tratar de paliar las consecuencias de tales vilezas, la incoación de protocolos que eviten la repetición de tan repugnantes episodios y el enjuiciamiento de quienes han perpetrado los abusos conforman un itinerario irrenunciable para este diario a la hora de afrontar un problema tan grave.

Ante la petición de Podemos, ERC y EH Bildu de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los abusados en la Iglesia es difícil evitar que surjan dudas sobre el quién, el cómo y el por qué de esta demanda. Resulta cuando menos insólito proponer el control parlamentario para un asunto que nada tiene que ver con la labor legislativa o el ejercicio del poder. Será la Mesa del Congreso quien califique la iniciativa, dándole curso o cerrándole las puertas de la Cámara.

Pero si lo que verdaderamente se pretende preservar es la atención a los abusados y la actuación de la Justicia contra los abusadores, pareciera más acertado exigir normas y recursos que agilicen, incluso de oficio, la persecución del delito y la reparación del daño. Es un hecho que las comisiones de investigación parlamentarias degeneran a menudo en cauces de propaganda al servicio de quienes las ponen en marcha. Y dado el sesgo ideológico de los partidos que ahora reclaman investigar a la Iglesia en el Congreso, no es descabellado predecir que este pudiera ser el caso. Son las mismas formaciones que, junto a la facción morada de la coalición de Gobierno, intentaron convertir la entrega de un informe sobre inmatriculaciones dudosas elaborado por la misma Iglesia en el reconocimiento de un robo de más de 1.000 posesiones; tergiversación que desmontó el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE) en este diario.

La Iglesia en España debe cumplir con rigor su obligación de colaborar con la Justicia civil en el esclarecimiento de los casos de abusos a menores, cuya resolución no puede quedar reducida al ámbito canónico. Está en juego su credibilidad y el respaldo a su innegable tarea humanizadora y asistencial. A falta de una investigación independiente, como la encargada por Francia o Alemania, es loable que todas las diócesis cuenten ya con una oficina de atención a las víctimas. Sin embargo, nadie puede ser cirujano de sí mismo.

Sería deseable que el decreto sobre la protección de menores, elaborado por la CEE y el primero en manos del Vaticano para su aprobación, incluyera la figura de un defensor de la infancia, que pudiera actuar de manera independiente y sin necesitar el consentimiento del obispo, en los casos donde vea indicios razonables de estar ante un caso de abusos. España se convertiría así en el primer país del mundo en el que la Iglesia católica se autoimpone la obligación de investigar hasta el fin y desactivaría otras iniciativas de corte ideológico, que en el fondo lo que pretenden es promover un trasnochado anticlericalismo de raíz sectaria.