El conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en la Franja de Gaza que estalló en mayo conllevó posibles crímenes de lesa humanidad y, al parecer, crímenes de guerra. Ataques desproporcionados e implacables de las fuerzas israelíes causaron la muerte de 242 personas palestinas en Gaza. Los ataques ilegítimos israelíes incluyeron ataques selectivos contra instalaciones y personal médicos. Israel mantuvo su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, que infligía un castigo colectivo a sus residentes y agravaba la crisis humanitaria en ese territorio, y restringía arbitrariamente la libertad de circulación de la población palestina en Cisjordania. Las autoridades israelíes sometieron a la población palestina a desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, todo ello con impunidad casi total. El sistema discriminatorio de gobierno impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados constituía apartheid, que es un crimen de derecho internacional. El Ministerio de Defensa catalogó como “terroristas” a seis organizaciones palestinas de la sociedad civil en octubre. Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar. Las leyes sobre divorcio y otras relativas a la condición personal cuya aplicación era competencia de tribunales religiosos continuaron discriminando a las mujeres, y la violencia de género en el ámbito familiar aumentó durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades negaban a quienes solicitaban asilo el acceso a un proceso imparcial y rápido de determinación de la condición de persona refugiada y apoyo económico. Israel transfirió 5.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a las autoridades palestinas, cuando ya había enviado miles de dosis a aliados diplomáticos.
Información general
El primer ministro Benjamin Netanyahu perdió las elecciones parlamentarias el 23 de marzo después de 12 años en el cargo marcados por la corrupción. El 13 de junio se aprobó un nuevo gobierno de coalición que llevó al poder a partidos supremacistas judíos, centristas y de izquierda en alianza con un partido islamista.
Entre el 10 y el 21 de mayo estalló un conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en la Franja de Gaza: fue el quinto conflicto entre Israel y Gaza en 15 años. En ciudades israelíes donde vivía población judía y palestina, la violencia interétnica dio lugar a homicidios, enfrentamientos y daños a propiedades.
La tasa de asesinatos en los que estaban implicadas personas palestinas ciudadanas de Israel era 25 veces mayor que la de casos en los que estaban implicadas personas judías ciudadanas de Israel, que constituían aproximadamente el 80% de la población. Según la ONG Aman, 110 personas palestinas ciudadanas de Israel murieron a manos de delincuentes en 2021, el número más alto en decenios.
El Ministerio de Vivienda promovió planes para la construcción de asentamientos ilegales al suroeste de Belén, al este de Jerusalén y al sur de Ramala en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).
Aunque se habían introducido políticas de adaptación al cambio climático, éstas no estaban distribuidas de forma equitativa entre la ciudadanía israelí judía y la palestina. En agosto, una ola de calor sin precedentes causó grandes incendios forestales.
En julio, las autoridades visitaron las oficinas de NSO Group como respuesta a la investigación sobre el Proyecto Pegasus que reveló que se había usado software espía de la empresa contra personas que trabajaban sobre derechos humanos y periodistas en todo el mundo.1
Ataques ilegítimos
Conflicto armado Israel-Gaza
Durante el conflicto armado de mayo, Israel cometió actos que podían constituir crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.2 Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 242 personas palestinas perdieron la vida, 63 de ellas menores de edad, unas 9.000 resultaron heridas y más de 74.000 se vieron desplazadas. Según el Banco Mundial, en diciembre no se habían satisfecho las necesidades de vivienda de 4.000 familias, en las que había 7.000 niños y niñas, cuyas viviendas habían sido dañadas o destruidas.
El 10 de mayo, Israel bombardeó la planta desalinizadora de agua de mar en el norte de Gaza y cortó el suministro de agua a más de 250.000 personas hasta que fue reparada temporalmente el 23 de mayo.
Hacia la medianoche del 14 de mayo, ataques aéreos israelíes alcanzaron el edificio de la familia Al Atar, en la ciudad de Beit Lahia, y mataron a Lamya al Atar y a sus 2 hijos y una hija de entre 8 meses y 7 años.
El 12 de mayo, Israel prohibió la entrada en Gaza de periodistas extranjeros, lo que obstaculizó la información independiente. El 15 de mayo, un misil israelí impactó en el edificio donde tenían su sede Associated Press y Al Yazira; se había dado a los periodistas un margen de 60 minutos para evacuar las oficinas. Israel dijo que había un centro de mando de combatientes en el sótano, extremo que las organizaciones de medios de comunicación negaron.
Misiles israelíes impactaron en instalaciones médicas y mataron a personal médico. El 16 de mayo, ataques lanzados sin previo aviso contra el distrito de Al Wehda, en la ciudad de Gaza, mataron al doctor Ayman Abu al Ouf, director de respuesta a la COVID-19 y jefe de medicina interna del hospital Al Shifa, principal centro hospitalario de Gaza; al doctor Mooein al Aloul, neurólogo psiquiatra; y al menos a otros 33 civiles. Israel afirmó que fueron víctimas no intencionadas de un ataque contra un objetivo militar subterráneo. El 17 de mayo, un ataque israelí alcanzó la clínica Al Rimal, laboratorio central para la respuesta a la COVID-19 en Gaza, y afectó gravemente a los programas de pruebas y vacunación. La OMS informó de que habían resultado dañadas 30 instalaciones médicas en el conflicto.
Cisjordania
En la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes mataron a 75 personas palestinas e hirieron a 14.679, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de La ONU (OCAH) para los Territorios Palestinos Ocupados, en unos casos en detenciones en viviendas palestinas; en otros, durante protestas dirigidas principalmente contra actividades de colonos israelíes judíos.
Colonos israelíes cometieron actos de violencia con impunidad. En 2021 se registraron 118 ataques de colonos contra personas palestinas, frente a 84 en 2020.
El 17 de agosto, unos colonos arrojaron piedras contra 6 niños palestinos que hacían un picnic en la localidad de Silat al Daher, cerca de la ciudad de Yenín (Cisjordania). Después embistieron con su automóvil a Tareq Zbeidi, de 15 años, y, según el testimonio de la víctima a la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, lo golpearon y lo ataron al capó del vehículo. Unos soldados israelíes que llegaron al lugar de los hechos trasladaron al niño, inconsciente, a una ambulancia palestina a la que había llamado su familia. No se llevó a cabo detención alguna.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 3 de marzo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abrió una investigación sobre la situación en Palestina que incluía los hechos ocurridos desde mediados de junio de 2014 en los Territorios Palestinos Ocupados. Israel afirmó que la Corte no tenía autoridad y que no participaría en la investigación.
El 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión internacional de investigación sobre violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel. El representante israelí ante la ONU anunció inmediatamente que Israel no cooperaría.
Libertad de circulación
Las autoridades israelíes restringieron arbitrariamente la libertad de circulación de la población palestina.
Franja de Gaza
El bloqueo siguió imponiendo un castigo colectivo, como venía haciendo desde 2007, al impedir la circulación de personas y bienes.
Durante el conflicto de mayo, Israel restringió severamente la entrada de camiones que transportaban suministros humanitarios. Sólo se permitió la entrada de 5 petroleros y se impidió el paso de combustible a través del oleoducto de Kerem Shalom, controlado por Israel, para la central eléctrica de Gaza. El paso fronterizo para personas de Erez, en Israel, permaneció cerrado. Alrededor de 600 pacientes no pudieron recibir tratamiento fuera de Gaza en mayo. Israel permitió la entrada en Gaza de 25.630 camiones con material de construcción, frente a 45.359 en 2020.
Cisjordania
En Cisjordania, 175 puestos de control militar permanentes y otros controles de carreteras, así como decenas de barreras irregulares de carácter temporal, siguieron impidiendo el acceso de la población palestina a servicios esenciales en tanto que la población israelí podía usar libremente las mismas carreteras. La valla/muro de Israel en Cisjordania seguía afectando a los medios de vida agrícolas de 150 comunidades palestinas. Además, al tiempo que albergaba asentamientos israelíes, dejaba atrapadas a más de 11.000 personas palestinas entre ella y la frontera.
Desalojos forzosos
Las autoridades israelíes demolieron edificios en los TPO, incluida Jerusalén Oriental, y más de 1.000 residentes palestinos se quedaron sin hogar en zonas designadas para colonos israelíes. Las mujeres se vieron afectadas de forma desproporcionada por los desalojos forzosos, ya que sus viviendas también servían de lugares de trabajo y generación de ingresos, sobre todo en las comunidades de pastores. El ejército de Israel demolió la localidad de Humsa, en el valle del Jordán (TPO), en febrero y julio, y destruyó o confiscó corrales de animales, refugios residenciales, aljibes y reservas de alimentos.
En agosto, el Tribunal Supremo israelí dictó sentencia sobre el desalojo de siete familias palestinas de sus viviendas en el barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén Oriental ocupada. El fallo se conoció después de varios años de intentos de desalojo, hostigamiento por parte de colonos israelíes y uso excesivo de la fuerza por la policía israelí. Seguían corriendo también el riesgo de sufrir desalojo forzoso siete familias de Silwan, otro barrio de Jerusalén Oriental.3
En el Néguev/Naqab, en el sur de Israel, las autoridades llevaron a cabo reiteradas demoliciones de edificios en 7 localidades, que afectaron a 100 personas palestinas ciudadanas de Israel. El 2 de septiembre, la policía demolió la localidad de Al Araqib, que había sido derribada más de 150 veces desde julio de 2010. Al Araqib era uno de los 35 poblados beduinos excluidos, no reconocidos oficialmente, de la zona.
Detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos
Se sometió a personas presas palestinas a juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y tratamiento médico inadecuado, así como a traslado ilegal desde los TPO a prisiones en Israel. Según Addameer, organización de apoyo a los presos y presas palestinos, había 500 personas en detención administrativa sin cargos ni juicio al término de 2021, y 170 varones menores de edad encarcelados. Una encuesta de Save the Children reveló que los funcionarios golpearon a más del 80% de las personas menores detenidas y negaron el acceso a un abogado al 47%.
Tras ser capturados por la policía israelí el 11 de septiembre, Zakaria Zubeidi sufrió fracturas de costillas y mandíbula mientras estaba esposado y Mohammed Al Arida fue golpeado en la cabeza, según sus abogados. Los dos se habían fugado de la prisión de Gilboa, en el norte de Israel, cinco días antes.
Discriminación
El sistema de gobierno impuesto por Israel a la población palestina mediante la opresión y la dominación era constitutivo de apartheid, un crimen de derecho internacional. La población palestina hacía frente a una discriminación habitual y sistemática, y, por tanto, a violaciones de derechos humanos en el contexto de sus derechos a la nacionalidad, a la libertad de circulación, al más alto nivel posible de salud, a la vida familiar, a la educación, al trabajo y a la participación en la vida pública.
Se enjuició a personas palestinas ciudadanas de Israel en virtud de leyes sobre incitación a la violencia, mientras políticos y grupos de supremacistas judíos continuaron incitando a la violencia por motivos raciales con impunidad casi total.
La policía usó fuerza excesiva contra personas palestinas ciudadanas de Israel que se manifestaron contra los desalojos en Jerusalén Oriental y los ataques militares en Gaza, y llevó a cabo detenciones masivas de quienes organizaban las protestas o participaban en ellas. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas de delitos menores sin relación alguna con la violencia. El 12 de mayo, fuerzas especiales de una comisaría de policía de Nazaret golpearon al menos a ocho palestinos que estaban atados tras haber sido detenidos en una protesta.4
La Ley de nacionalidad y entrada en Israel (enmienda temporal), que desde 2003 prohibía la agrupación familiar de cónyuges palestinos con diferentes condiciones jurídicas, no se renovó en julio. Sin embargo, el Ministerio del Interior mantuvo esta política.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional, tenía prohibido viajar fuera de Cisjordania. El motivo de la prohibición, impuesta en octubre de 2019, seguía siendo secreto.5
Shatha Odeh, directora de los Comités de Trabajo para la Salud palestinos, fue detenida el 7 de julio y permanecía recluida bajo custodia militar. Los cargos presentados en su contra aducían su apoyo al Frente Popular para la Liberación de Palestina, partido político cuya rama militar había sido prohibida por Israel.
El 13 de octubre, el líder druso Salman Awwad fue detenido tras manifestarse pacíficamente contra la ocupación de los Altos del Golán por Israel y acusado de organizar una manifestación ilegal, cerrar una carretera e incitar a la violencia.
El 19 de octubre, el gobierno israelí declaró “organizaciones terroristas” a seis organizaciones palestinas de la sociedad civil en los TPO.6 Dos días antes, la ONG de derechos humanos Front Line Defenders había descubierto que los teléfonos móviles de seis defensores y defensoras de los derechos humanos de estas organizaciones habían sido hackeados mediante el software espía Pegasus.7 El 18 de octubre, el ministro del Interior israelí notificó al abogado franco-palestino Salah Hammouri, uno de los seis afectados, la revocación de su residencia en Jerusalén y su deportación por presunta “vulneración de la lealtad al Estado de Israel”.
Derechos de objetores y objetoras de conciencia
Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar, como la adolescente Shahar Perets y el adolescente Eran Aviv, que cumplieron 88 y 114 días de cárcel, respectivamente, en una prisión militar por negarse a servir en el ejército israelí.
Derechos de las mujeres
Las leyes reguladoras del divorcio y otras leyes sobre la condición personal cuya aplicación era competencia de tribunales religiosos seguían discriminando a las mujeres. Según Mavoi Satum, organización israelí de defensa de los derechos de las mujeres, cada año los tribunales obligaban a unas 1.700 mujeres a continuar en matrimonios abusivos.
El 30 de junio, el interventor del Estado informó de que la protección de las mujeres y familias en situación de riesgo recibía una financiación insuficiente y carecía de políticas adecuadas. Según el Observatorio sobre Feminicidio de Israel, 16 mujeres murieron en casos de violencia de género en el ámbito familiar.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El 11 de julio, el Tribunal Supremo falló a favor de la igualdad en el acceso de las parejas homosexuales y los hombres solteros a los servicios de reproducción asistida, equiparando de este modo su acceso con el de las parejas heterosexuales y las mujeres solteras.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Israel acogía a unas 41.327 personas refugiadas y solicitantes de asilo, la mayoría de nacionalidad eritrea y sudanesa procedentes de zonas de conflicto. Sólo al 1% se le reconoció la condición de refugiado. Las personas solicitantes de asilo no tenían acceso a procedimientos rápidos y justos de determinación de su condición, ni medios de apoyo económico.
Derecho a la salud
Israel adquirió unos 30 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y había vacunado con 2 dosis al 64% de la ciudadanía israelí, residentes de Jerusalén Oriental, personas trabajadoras migrantes y presos y presas palestinos en octubre; y administró la tercera dosis a más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas, y comenzó a vacunar a los niños y niñas a partir de 5 años en noviembre, según el Ministerio de Salud israelí. Israel transfirió 5.000 dosis a la Autoridad Nacional Palestina en marzo y abril, mientras que, en febrero, había enviado miles de dosis a aliados diplomáticos como Guatemala, Honduras y República Checa, según informaciones de prensa.
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