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| 09/12/2022 Loreto Ochando |
El cambio en el delito de malversación evitará casos como el de la alcaldesa de Marbella.
El cambio del Código Penal, dentro del delito de malversación, para introducir el delito del enriquecimiento personal es una vieja reivindicación de la Fiscalía Anticorrupción que, ahora, recoge el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el fiscal jefe de esta materia, Alejandro Luzón, no solo la ha incluido en sus memorias, sino que la ha solicitado en las conferencias que ha dado en los últimos años. Un cambio que pone coto al enriquecimiento sin dar explicaciones de los políticos como, por ejemplo, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Múñoz; el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o el exministro Eduardo Zaplana.
Con esta propuesta, aquellos que presenten un incremento patrimonial de 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después, tendrán la obligación de justificarse. Este cambio legislativo, no solo es una vieja reivindicación de la Fiscalía Anticorrupción, sino que además, pone a España al nivel del resto de países europeos donde sí estaba legislado. Seguir leyendo>>
El cambio del Código Penal, dentro del delito de malversación, para introducir el delito del enriquecimiento personal es una vieja reivindicación de la Fiscalía Anticorrupción que, ahora, recoge el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el fiscal jefe de esta materia, Alejandro Luzón, no solo la ha incluido en sus memorias, sino que la ha solicitado en las conferencias que ha dado en los últimos años. Un cambio que pone coto al enriquecimiento sin dar explicaciones de los políticos como, por ejemplo, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Múñoz; el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o el exministro Eduardo Zaplana.
Con esta propuesta, aquellos que presenten un incremento patrimonial de 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después, tendrán la obligación de justificarse. Este cambio legislativo, no solo es una vieja reivindicación de la Fiscalía Anticorrupción, sino que además, pone a España al nivel del resto de países europeos donde sí estaba legislado. Seguir leyendo>>
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