11/01/2023 |
El presidente del Gobierno llevaba meses pugnando por dar un vuelco ideológico al Tribunal Constitucional –algo que por norma tocaba y a nadie debe escandalizar porque son las reglas de las mayorías en democracia–, y lo ha logrado de manera definitiva con un triunfo avasallador: el de situar al frente de la institución más depauperada en los últimos meses a Cándido Conde-Pumpido, y lograr así la derrota de otra magistrada izquierdista que aspiraba al cargo, María Luisa Balaguer. Conde-Pumpido no es solo un magistrado más autodefinido como progresista por simpatizar con esas ideas políticas. Sin cuestionar su acreditada preparación y su solvencia jurídica, es un dato objetivo que ha pertenecido durante años al núcleo duro de influencia jurídica de la izquierda, hasta el punto de que fue designado fiscal general por Rodríguez Zapatero en la etapa más convulsa de su mandato, cuando Conde-Pumpido defendió abiertamente el proceso de negociación con ETA, lo que le valió críticas de partidismo. Y desde el Ministerio Público propugnó también otro vuelco interno en la carrera creando nuevas fiscalías de sala afines ideológicamente.
Sus antecedentes, su gestión y sus afirmaciones durante años no ofrecen dudas de su falta de distancia con el poder político. Así se hace difícil prejuzgar que vaya a reconstruir una imagen del TC ajena a criterios de dependencia política, o al servicio de una autonomía total de criterio. A priori, su perfil será menos pactista en la búsqueda de sentencias unánimes junto al bloque conservador –siempre sería lo más deseable en este tribunal– que el que habría permitido una presidencia con Balaguer. Pero en cualquier caso, tiene el mandato institucional de restañar las heridas abiertas en el TC, que son muchas y que han deteriorado su credibilidad como nunca ocurrió antes.
La conclusión es que el nuevo TC, con un exministro de Justicia de Pedro Sánchez, una antigua jefa de gabinete de Moncloa, un exfiscal general de un Ejecutivo socialista, y antiguos vocales del CGPJ nombrados en su día por PSOE e IU, tiene visos de ser el más directamente politizado de la historia. Esta es la segunda parte del triunfo de Sánchez: tendrá más fácil garantizarse sentencias favorables a las leyes aprobadas durante la legislatura con sus socios parlamentarios, incluida la legislación que sigue provocando una parálisis inédita en el CGPJ. Al ser designado presidente, Pumpido arrancó con un compromiso expreso de combatir la secesión en Cataluña y su intención de proteger la unidad de España. Es una esperanzadora afirmación ampliamente compartida. Lo que ocurre es que hay tantas fórmulas jurídicas para maquillar una consulta, o para «estudiar» la autodeterminación, como afirmó la magistrada Segoviano recién nombrada, que lo que necesitará la mayoría progresista del TC es demostrarlo en todas las resoluciones vinculadas a la ofensiva independentista contra el Estado. Ocasión habrá de comprobar si el TC matiza, altera o modifica su tradicional doctrina en 42 años de existencia por criterios de conveniencia política.
Institucionalmente también hay un cambio profundo. El nuevo TC tendrá presidente y vicepresidenta progresistas, lo cual altera el 'statuo quo' no escrito, según el cual en casos así el número dos del Tribunal correspondería al sector minoritario, ahora conservador. Ni siquiera Balaguer fue designada vicepresidenta, lo cual demuestra que el bloque progresista le hace pagar la 'osadía' de plantar cara a la candidatura 'oficial' de Pumpido. Pero lo más grave es que parece irreversible cualquier tipo de negociación PSOE-PP en lo que resta de legislatura. La de Inmaculada Montalbán como vicepresidenta fue una imposición con la que Moncloa exhibe una fuerza sobreactuada e innecesaria en un TC con siete magistrados favorables. Además, el PSOE ya ha avanzado que no negociará cubrir la vacante número doce del tribunal, que corresponde a un conservador designado por el Senado. Este bloqueo seguirá por iniciativa del PSOE.
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