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| 30/06/2023 Ana Pardo de Vera |
Este sábado 1 de julio hará ocho años que entró en vigor la llamada ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, pero que, pese a los compromisos del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de derogarla, sigue vigente, además, a pesar de las advertencias de organismos internacionales como el Consejo de Europa: la Comisión de Venecia ha alertado al Estado español sobre la precaria situación de la libertad de expresión en nuestro país, por culpa de la oficialmente llamada ley de protección de la seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal que vio la luz junto a ella.
Manifestaciones pacíficas de ONGs por denunciar vulneraciones de derechos, activistas, periodistas y gente anónima que han ejercido, asimismo, su derecho de manifestación, protesta o expresión sin violencia se han visto condenadas por la ley mordaza, con multas que afectan a más de 250.000 personas, denuncia, por ejemplo, Amnistía Internacional. Muchas de estas sanciones se han producido sin derecho a réplica ante la impunidad y el poder que esta norma represora otorga a los y las agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguir leyendo>>
Manifestaciones pacíficas de ONGs por denunciar vulneraciones de derechos, activistas, periodistas y gente anónima que han ejercido, asimismo, su derecho de manifestación, protesta o expresión sin violencia se han visto condenadas por la ley mordaza, con multas que afectan a más de 250.000 personas, denuncia, por ejemplo, Amnistía Internacional. Muchas de estas sanciones se han producido sin derecho a réplica ante la impunidad y el poder que esta norma represora otorga a los y las agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguir leyendo>>
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