 Los concejales aprueban los resultados de la Comisión de Investigación sobre 13 Rosas, pero no dan explicaciones
Era el asunto más interesante de la sesión en Alcalá, y el que más expectación había generado entre los vecinos, pero los concejales se encargaron de que nadie supiese nada de lo aprobado: los resultados de la Comisión de Investigación sobre 13 Rosas eran aprobados con los votos de todos los grupos menos España 2000, que se abstuvo, pero sin ningún debate, por lo que se mantiene en secreto el resultado de la investigación.
Al margen de la entrada de la Policía en la sede del Partido Comunista, el Pleno complutense habló, y mucho, sobre economía, aunque alcanzó pocos acuerdos al respecto. La oposición decidía, con sus votos, tumbar la cuenta general de 2013 del Consistorio alegando que no se habían cumplido todos los puntos del Plan de Ajuste.
Viñuelas reconocía que, efectivamente, no se había cumplido todo el Plan, pero afirmaba que sí se habían puesto muchas medidas incluidas, lo que había significado un recorte de la deuda hasta los 254 millones, una bajada del periodo medio de pago a los 77 días, y que, por primera vez en mucho tiempo, Alcalá terminase 2013 con remanente positivo de tesorería. La concejala de Hacienda, en una larguísima intervención, “culpaba” de los resultados a la política de austeridad puesta en marcha con la llegada de Javier Bello a la alcaldía.
La oposición, por su parte, basaba su rechazo en que las cuentas suponen un frenazo de la inversión y un recorte, a través de la amortización de plazas, en el empleo público municipal. UPyD, además, explicaba que el rescate económico supone una intervención “de facto” de las cuentas por parte del Ministerio. Después de un encendido debate, los votos de PSOE, IU y UPyD tumbaban las cuentas, mientras que el PP votaba a favor y España 2000 se abstenía.
También sobre economía se hablaba en el punto anterior, en el que se dio cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al segundo trimestre del año. Pero además el Pleno complutense, que duró cinco horas, aprobó, a toda velocidad, la nueva configuración de Gobierno; y el Reglamento de Recompensas de Policía Local con los votos de los tres partidos mayoritarios y la abstención de España 2000 y UPyD.
Mas sorprendente fue el resultado de las votaciones de las dos nuevas Ordenanzas económicas sobre Veladores y Actividades Económicas: ambas salían adelante con los votos de PP e IU y la abstención de todos los demás. Los dos asuntos de índole urbanístico, la sectorización del Sector 104 y el Plan Parcial del Sector 115-B; se quedaban por el camino, al requerir mayoría absoluta para su aprobación. El primer asunto contaba con los votos de PP y España 2000; el no de UPyD y la abstención de IU y PSOE; mientras que el segundo, el cambio de unas oficinas ocupadas en viviendas, sólo tenía el apoyo de PP y España 2000 y la negativa de todos los demás.
Otro asunto polémico sobre el que se pasó de puntillas: Alcalá aprobaba una modificación de plantilla para dar de baja a un trabajador municipal, propuesta que salió adelante con los votos de todos menos IU, que se abstuvo.
Terminados los asuntos espinosos, comenzaba la parte política de la sesión, y lo hacía, como es habitual, con el rechazo de las tres propuestas de España 2000, propuestas que el portavoz del partido pedía que se tuvieran en cuenta aunque no se le concediese la autoría. El Grupo Mixto solicitaba la utilización de software libre en dependencias municipales “tal y como hacen en Lyon”, según contaba Rafael Ripoll; la inclusión de Alcalá en la Banca Ética; y una actualización del padrón para dar de baja a los que no viven habitualmente en la localidad.
La tarde continuaba hablando sobre la Reforma Electoral, en un debate que, al igual que pasó el día anterior en Coslada, fue conjunto para tres mociones distintas. Los concejales hablaron sobre la elección directa de alcaldes sacando adelante la propuesta presentada por PSOE e IU, que contó con los votos afirmativos de todos menos el PP, que votó en contra. Mismo resultado, pero en dirección contraria consiguió la propuesta del PP, rechazada por todos menos el grupo proponente; y la de UPyD, que contó con el rechazo de todos menos el PSOE, que optó por la abstención
Así, los socialistas consiguieron que fuera aprobada la moción, presentada conjuntamente con IU, para mostrar su rechazo a la anunciada Reforma de la Ley Electoral que quiere imponer el Partido Popular antes de las elecciones municipales y regionales de mayo del año que viene. En este sentido, el Portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios se mostró muy crítico con la actitud del Partido Popular señalando que la medida anunciada supone “un intento desesperado por cambiar de forma unilateral las reglas de juego ante los malos resultados que pronostican para el PP de cara a las elecciones municipales de mayo”. Rodríguez Palacios afirmó que “es una vergüenza que el PP trate de tapar su pérdida de apoyo electoral con esta medida” y criticó la “incapacidad de este equipo de Gobierno para el diálogo y el consenso necesario”. La moción, en la que se solicitaba “la retirada de cualquier iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral en estos momentos previos a las elecciones de 2015", fue aprobada pese al voto en contra del PP.
También debate conjunto tuvieron las mociones sobre la venta de viviendas en Espartales Sur presentadas por UPyD e IU. Y ambas con el mismo resultado: aprobación de las propuestas por los votos de UPyD, PSOE e IU y el no de PP y España 2000, en el caso de la moción magenta; y con los votos positivos de PSOE, IU y España 2000, la abstención de UPyD y el no del PP.
UPyD solicitaba "la reprobación de la Junta de Gobierno Local del PP por no haber cumplido con otra moción aprobada en el pleno de febrero pasado para que no se iniciase esa venta"; también se instaba al PP en la moción "para que asumiese las recomendaciones expresadas por el Defensor del Pueblo de ejercer sus potestades administrativas en materia de vivienda pública de la forma más favorable para los afectados".
Las otras dos propuestas de UPyD, por su parte, salían adelante, convirtiendo Alcalá en uno de los primeros municipios de España en oponerse abiertamente al régimen de aforamiento de los políticos. La propuesta de UPyD era secundada por todos los partidos menos el PP, que votaba en contra. Además, todos, menos España 2000 que se abstuvo, votaron a favor de la creación de una zona de custodia para presos en el Hospital Príncipe de Asturias.
La moción pedía "revisar los privilegios de los aforados en el próximo proceso de reforma constitucional para que se supriman todos los supuestos de inmunidad y que todos los ciudadanos sean tratados de manera igual ante la Ley". La otra moción pedía "que el ayuntamiento realice las gestiones oportunas con el Ministerio del Interior, la Consejería de Sanidad y la dirección del Hospital ‘Príncipe de Asturias’ para solicitar la creación de una zona de custodia aislada, para los internos del complejo penitenciario de Alcalá Meco que acuden al hospital a recibir atención médica; además, se solicitaba otra zona de parada de vehículos cercana a la entrada y a la citada de custodia a fin de mejorar el traslado seguro de reclusos".
Para Anselmo Avendaño, portavoz del grupo municipal de UPyD, “pese a la aprobación de esas tres mociones, tenemos que decir que no podemos estar contentos porque el alcalde Javier Bello y su equipo de gobierno, han demostrado un total desprecio por lo que se aprueba en el Pleno y sólo cuando les interesa, ejecutan lo aprobado; con lo que nos tememos que no hagan ningún caso de lo que se ha aprobado hoy. Así, el desgobierno y la mala gestión que padecemos y que UPyD viene denunciando desde 2011, se va convirtiendo en irreversible y hace necesario un cambio de rumbo urgentemente”.
Las otras dos mociones de IU, pidiendo no pagar el canon de las bibliotecas y la creación de un sistema de catering social, salían adelante, aunque con distinta votación: el PP votaba contra la propuesta sobre las bibliotecas, mientras que todos daban luz verde al sistema de catering para los más desfavorecidos.
Para terminar, el PSOE veía como se aprobaban dos de sus tres útimas mociones. En concreto, la que pedía una unidad de Valoración Forense salía adelante por unanimidad; y, con los votos de todos menos el PP, la referente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. La comisión de control sobre el programa de recualificación de desempleados era tumbada por el voto de calidad del alcalde.
"El equipo de Gobierno propició con su voto en contra, y con las abstenciones de UPyD y la ultraderecha de España 2000, que fuera rechazada la propuesta del Grupo Socialista para crear una Comisión, en la que estuvieran representados los agentes sociales y los grupos políticos municipales, para garantizar “la transparencia” en los procesos de contratación previstos en el Programa de Inserción Laboral para Personas Desempleadas de Larga Duración anunciado por el Gobierno Regional", explicaba el partido.
El Portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, comenzó su intervención en el Pleno mostrando su preocupación ante la actitud del equipo de Gobierno “que durante todo este proceso no ha comunicado absolutamente nada sobre este Programa de Inserción Laboral para el que ha presentado una oferta de 193 empleos que debe ser aprobada por el Gobierno Regional”. Rodríguez Palacios señaló en este sentido que “nos preocupa la posibilidad de que el equipo de Gobierno intente utilizar estos puestos, financiados con un Programa Público y dinero de todos los madrileños, para tapar carencias de las empresas privadas que gestionan la limpieza o los jardines municipales. Por ello –añadió- desde el Grupo Socialista apoyamos cualquier iniciativa que sirva para generar empleo, pero queremos que éste sea de calidad y se haga con criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad para evitar posibles casos de enchufismo. Presentamos esta moción para proponer la creación de una Comisión de Control en la que estén los sindicatos con representación municipal”. Pese a ello, el equipo de Gobierno del PP dijo “no a la transparencia y la igualdad de oportunidades”, rechazando la propuesta.
En la segunda de sus mociones, los socialistas presentaron una propuesta para potenciar la lucha contra el terrorismo machista, en este caso mediante la creación de una Unidad de Valoración Forense Integral en nuestra ciudad con la que se agilicen las denuncias generadas por violencia machista. La edil socialista Yolanda Besteiro comenzó su intervención recordando “a las víctimas de la violencia machista” y destacando la necesidad de “unir esfuerzos contra esta lacra social”. Besteiro lamentó “los recortes impuestos por el Partido Popular” para poder combatir el terrorismo machista y reiteró la necesidad de dotar a nuestra ciudad de “estas Unidades que servirían para asesorar a los jueces y deberían haberse impulsado desde 2004 para ser una herramienta que agilizara los procesos. Sin embargo aún hoy no se han puesto en marcha en nuestra ciudad”.
La gestión de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) también fue abordada en el Pleno mediante una moción en la que el Grupo Socialista denunció las continuas campañas de publicidad puestas en marcha en los últimos tiempos por el actual Presidente, Jaime Carnicero, “nos parece un auténtico despropósito, derrochando dinero público para hacer campañas contra Ayuntamientos integrantes de la MAS, curiosamente los que no son gobernados por el PP”. Aguirre lamentó un hecho “sin precedentes” y reiteró que “la MAS es un organismo que no tiene por qué gastar dinero público en propaganda y menos aún para hacer campañas contra Ayuntamientos no afines al PP, con una clara intención de manipulación política”. Por ello, el Grupo Socialista solicitó en el Pleno que el Presidente de la MAS deje de utilizar dinero público para estas campañas y que no se haga un uso partidista de la misma.
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