DIARIO ECONÓMICO DE INTERECONOMÍA
Bajo el nombre de 'Somos'
Podemos prepara su asalto a unos sindicatos en horas bajas
J. M.
Martes, 14. Octubre 2014 - 13:08
Tras
el éxito político y mediático de la joven formación dirigida por Pablo
Iglesias, CC OO y UGT apenas cuentan con una defensa ante sus casos de
corrupción.
'Somos'
es el nombre escogido por Podemos para asaltar las principales
organizaciones sindicales de España, CC OO y UGT, dos plataformas en
horas bajas que comenzaron con la escasa movilización frente a los
recortes cometidos por el PSOE en la era de Zapatero y que se han visto
ahora entre la espada y la pared por los escándalos de corrupción en
Andalucía y Asturias, junto al de Caja Madrid. En Asturias ha caído el
histórico minero de UGT, investigado por Hacienda tras ocultar
supuestamente 1,4 millones de euros.
Somos explica en un borrador su actividad con la que pretende erigirse ya no sólo como un referente nacional sino también "internacional" del sindicalismo moderno. El sindicato de nueva formación y creado a raíz de los escándalos de las Cajas de Ahorro tiene ya 69 asambleístas procedentes de otros sindicatos.
En el programa económico de Podemos y en algunas de sus propuestas posteriores, la formación exige que el salario máximo a percibir sea de 3.000 euros, además de realizar un banca pública, un hecho que contrasta con lo que se ha hecho con algunas de las Cajas de Ahorro, dominadas principalmente por partidos políticos, sindicatos y patronales. Podemos, asimismo, reitera que el control del Gobierno sobre las entidades financieras debe aumentar, e incluso señalan que ningún banco podrá exigir el pago de un crédito mediante el desahucio.
Entre otras medidas, proponen la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para una mayor redistribución de la riqueza, bajar la edad de jubilación hasta los 60 años y que las empresas con beneficios no puedan realizar ningún despido. También nacionalizaría sectores estratégicos, como la electricidad, telecomunicaciones y enseñanza, al tiempo que suprimiría la agencia privada de calificación en favor de una pública.
Según el programa, la creación de "empleo decente" en los países del sur de Europa vendría con un programa de inversiones y políticas públicas. Se reconvertiría el sector productivo basado en la innovación, que contribuirá al "bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental".
También aboga la prohibición de despidos en las empresas con beneficios, la eliminación de las reformas laborales y de las pensiones aprobadas durante la crisis y contrarrestar el exilio juvenil con "mecanismos" para combatir la precarización del empleo. Asimismo, cargarán contra los propios clientes, ya que mantendrían la prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres. El FROB y la SAREB tendrán ahora la obligación de ser los instrumentos dedicados a la "recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca". Eso sí, la banca tradicional competirá con la pública de nueva creación, que estará bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público. Las SICAV se eliminarían y volvería el impuesto de Patrimonio.
Defienden la desaparición de las ETT, empresas de trabajo temporal, y un aumento del salario mínimo interprofesional, SMI, al tiempo que fija un techo para el salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. Asimismo, las pensiones públicas no contribuirán a las arcas, y su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional.
Además, ha prometido una "renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo". La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Todo el dinero público saldrá de una subida de impuestos, como el IVA al lujo de hasta el 35%, junto con una mayor progresividad del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.
Somos explica en un borrador su actividad con la que pretende erigirse ya no sólo como un referente nacional sino también "internacional" del sindicalismo moderno. El sindicato de nueva formación y creado a raíz de los escándalos de las Cajas de Ahorro tiene ya 69 asambleístas procedentes de otros sindicatos.
En el programa económico de Podemos y en algunas de sus propuestas posteriores, la formación exige que el salario máximo a percibir sea de 3.000 euros, además de realizar un banca pública, un hecho que contrasta con lo que se ha hecho con algunas de las Cajas de Ahorro, dominadas principalmente por partidos políticos, sindicatos y patronales. Podemos, asimismo, reitera que el control del Gobierno sobre las entidades financieras debe aumentar, e incluso señalan que ningún banco podrá exigir el pago de un crédito mediante el desahucio.
Entre otras medidas, proponen la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para una mayor redistribución de la riqueza, bajar la edad de jubilación hasta los 60 años y que las empresas con beneficios no puedan realizar ningún despido. También nacionalizaría sectores estratégicos, como la electricidad, telecomunicaciones y enseñanza, al tiempo que suprimiría la agencia privada de calificación en favor de una pública.
Según el programa, la creación de "empleo decente" en los países del sur de Europa vendría con un programa de inversiones y políticas públicas. Se reconvertiría el sector productivo basado en la innovación, que contribuirá al "bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental".
También aboga la prohibición de despidos en las empresas con beneficios, la eliminación de las reformas laborales y de las pensiones aprobadas durante la crisis y contrarrestar el exilio juvenil con "mecanismos" para combatir la precarización del empleo. Asimismo, cargarán contra los propios clientes, ya que mantendrían la prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres. El FROB y la SAREB tendrán ahora la obligación de ser los instrumentos dedicados a la "recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca". Eso sí, la banca tradicional competirá con la pública de nueva creación, que estará bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público. Las SICAV se eliminarían y volvería el impuesto de Patrimonio.
Defienden la desaparición de las ETT, empresas de trabajo temporal, y un aumento del salario mínimo interprofesional, SMI, al tiempo que fija un techo para el salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. Asimismo, las pensiones públicas no contribuirán a las arcas, y su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional.
Además, ha prometido una "renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo". La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Todo el dinero público saldrá de una subida de impuestos, como el IVA al lujo de hasta el 35%, junto con una mayor progresividad del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.
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