Es el funcionario que denunció ante el juez los hechos que desencadenaron la investigación del caso Gurtel en la localidad
Mientras los partidos se encuentran enzarzados en la gestión de la Ciudad Deportiva de Espartales, la actualidad política en Alcalá ha subido a un nuevo nivel desde el pasado jueves, pues ese día fue notificada al Consistorio una sentencia cuando menos polémica: el juez obliga al Ayuntamiento a reincorporar a su puesto como Jefe de Servicios a Juan Antonio Camargo, suspendido de funciones desde 2011, al considerar que la suspensión por un periodo de cuatro años y seis meses no está suficientemente justificada.
El asunto no pasaría de una mera disputa interna del departamento de Personal del Consistorio si Camargo no fuera quien es, pues el funcionario fue el que denunció ante el juez Garzón primero, y Pedreira después, la adjudicación de un contrato a favor de una empresa relacionada con la trama Gurtel.
Este asunto quedó archivado en los Juzgados de Alcalá por entender que se trataba de un ilícito administrativo sin trascendencia penal, pero dio lugar a que el juez Ruz iniciase una investigación que aún está en mantillas y que derivará, probablemente, en la apertura de una pieza separada dentro del sumario del caso para la investigación del Consistorio complutense, una vez que el instructor decidió “trocear” el caso.
Volviendo al asunto en cuestión, el Consistorio complutense sancionó a Camargo con la suspensión de empleo y sueldo por una presunta falta muy grave por “abandono de servicio” en 2011. El funcionario, jefe de Servicios y funcionario desde 1980, recurrió por la vía contencioso-administrativa, y ahora la justicia le da la razón, al considerar no suficientemente probado por parte del Consistorio la ausencia denunciada (en concreto la sentencia afirma que, en los días en que supuestamente Camargo se ausentó de su puesto de trabajo figura que fichó tanto a la entrada como a la salida de su jornada laboral).
Como consecuencia de todo ello, el Juzgado de lo Contencioso número 25 de Madrid condena al Consistorio complutense a reincorporar en su puesto al funcionario, pagarle todos los salarios no cobrados, y pagar las costas del proceso, que ascienden a doscientos euros. Eso sí, al tratarse de un juzgado de primera instancia, Alcalá podrá presentar recurso ante la decisión del juez en el plazo de quince días.
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