En estos tiempos los cargos públicos cada vez son más remisos a dar explicaciones de sus decisiones, (no hablemos ya de dar razones con el fin de convencer). Sobre todo cuando se trata de supresiones o de recortes de servicios que se hacen sobre criterios de oportunidad. Seguramente en parte porque hay quien cree que efectivamente no hay otra alternativa y por tanto no hay nada que explicar (ese mantra de “yo no quiero pero no tengo más remedio”) o quizá porque no quieren quedar condicionados con sus argumentos, lo cierto es que escasean las motivaciones y las razones. En el terreno de la administración los empleados públicos tampoco tienen muy desarrolladas sus habilidades para trasladar una argumentación (cuando la hay) a un expediente, a los antecedentes de una resolución. Desde antiguo se desarrolló y regulo más, desgraciadamente, la cultura del silencio (hoy actos presuntos) que la de la elocuencia. Cuando no hay un formulario o un modelo del que “tirar” la cosa alcanza tintes dramáticos para quienes memorizaron y repitieron amplios temarios.
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