A.Diego Barcenilla
Liberal. Economista. Director de Portal Local. Metido en el mundo de Internet por pasión. De algunas cosas, sé algo. En este blog escribo mis opiniones personales.
Praevaricatio
18. oct. 2015
El próximo martes, 20 de octubre, el exalcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, deberá presentarse en los Juzgados de Alcalá de Henares para declarar como imputado por un presunto delito de corrupción.
Si fuese diputado regional del PP, una imputación de este tipo le habría obligado a dimitir de sus cargos. Si fuese diputado nacional, el caso estaría todos los días en la prensa nacional y la presión mediática y la cercanía de las próximas elecciones generales le habría abocado a idéntico destino. Pero es sólo exalcalde y presidente local del Partido Popular y puede seguir rigiendo los destinos del principal partido de Alcalá de Henares, a pesar de la derrota/victoria en las últimas elecciones municipales.
Javier Bello deberá declarar ante el juzgado por haber sido el presidente de la Junta de Gobierno que aprobó más de 1,7 millones de euros en pagos a proveedores a los que el Interventor Municipal les colocó la vitola de “irregulares”; los llamados “reparos de intervención”. La mayor parte de ese importe, más de 1,3 millones de euros, fueron destinados a pagar inserciones propagandísticas en dos medios de comunicación local. Los pagos se efectuaron entre la Junta de Gobierno celebrada el 2 de abril de 2013 y la del 29 de diciembre de 2014, casi dos años. El total de puntos de actas de esas juntas que se aprobaron, por unanimidad, a pesar de los “reparos” del Interventor suman 67.
Bello ha ido declarando, en las sucesivas entrevistas concedidas a medios y periodistas que fueron los perceptores de esos pagos, que esta declaración es una formalidad legal, que es inocente y que el Tribunal de Cuentas ya cerró este caso. Este último argumento, que repite como un mantra, es absolutamente falso porque, aunque es cierto que el Tribunal de Cuentas dictaminó que no existía delito contable, instó a la Fiscalía a actuar porque observó indicios de un presunto delito de “prevaricación administrativa”. Al Tribunal de Cuentas no le habría costado mucho soslayar los indicios que valoró, pero lo hizo; probablemente, por lo flagrante del hecho. Así que basta ya de decir que el Tribunal de Cuentas cerró el caso porque lo cierto es que, gracias a su escrito a la fiscalía, este caso se revitalizó judicialmente.
prevaricación.
(Del lat. praevaricatĭo, -ōnis).
f. Der. Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario.Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
La prevaricación no implica que alguien se haya enriquecido irregularmente; se trata de que alguien toma decisiones injustas sabiendo que lo son. No puede haber mayor descrédito para un juez que el ser condenado por esta figura penal porque precisamente es la esencia de su actividad profesional. En el caso de un político, a un delito así parece que le damos menos importancia… total, una decisión injusta de un político… Pero que nos parezca poco importante es, en primer lugar, en descrédito nuestro por considerar que una decisión injusta en un político es algo “normal” y, segundo, de toda la clase política porque su forma de actuar durante muchos años ha anestesiado nuestro criterio crítico y forzado a pensar que no se puede esperar de ellos que todas las decisiones que toman lo hagan conforme a la ley, es decir, que sean justas.
¿Ha dictado la Junta de Gobierno que presidía Javier Bello ‘resoluciones injustas a sabiendas’? Bueno, claro que no soy juez y que mis opiniones son personales y no tienen más peso que las de cada uno de ustedes, pero yo creo que se trata de un caso de libro.El Interventor municipal ha emitido informes especiales de todos y cada uno de los pagos de los que hablamos; por tanto, parece que el “a sabiendas” se cumple. Por otra parte, esos informes daban cuenta de que él interpretaba que esos pagos contravenían algunas leyes, por tanto, parece que lo de “resolución injusta” también se cumple. A mi me parece que la “praevaricatĭo” se cumple en este caso, pero no me toca a mi juzgarlo legalmente, así que solo es una opinión.
Aparte de los hechos objetivos extraídos de los simples apuntes en las actas de las Juntas de Gobierno, postrero documento legal que recoge los actos, las vinculaciones y responsabilidades del alcalde presidente y del resto de concejales y funcionarios municipales, quiero valorar también las implicaciones de esos pagos irregulares. En mi opinión, tan grave como el incumplimiento de una ley al realizar un pago desde el ayuntamiento, son los montos pagados por determinados servicios, el retorno que para la ciudad han tenido esos gastos y las consecuencias finales de esos pagos en la vida política local de la que, por otra parte, tan alejados viven la gran mayoría de conciudadanos.
Si mis números y operaciones son correctas, Bello y sus concejales aprobaron pagos por un total de 1.324.240,24 € a medios locales (670.238,09 € en 2013 y 654.002.15€ en 2014) lo que supone un 76% del importe total de pagos con “reparos”; 3 de cada cuatro euros.
Algún reputado periodista, cuyo medio fue perceptor de estos pagos con “reparos”, ha pretendido que sean considerados una especie de excentricidad del Interventor municipal, después de haber ocultado en sus medios de información la noticia de la existencia misma de los “reparos” cuando se produjeron. Lo cierto es que estos informes del Interventor son una salvaguarda de la integridad de este habilitado nacional que nace (como bien ha dicho el exalcalde, Javier Bello, en alguna entrevista) del Informe de la Cámara de Cuentas que emitió advertencias sobre la mecánica habitual, que se estaba llevando a cabo en el gobierno municipal de Alcalá de Henares desde hace muchos años, de pagar facturas por inserciones de publicidad y propaganda en las dos principales cabeceras locales sin la existencia de un contrato previo, sin publicidad y sin libre concurrencia.
En su defensa, asegura Bello que él fue el creador del concurso público de adjudicación de la publicidad del Ayuntamiento que se sigue usando en la actualidad. Olvida convenientemente mencionar que ese concurso operó solo para los últimos meses de 2014 porque, aunque los procedimientos se iniciaron en junio de 2014 se siguieron registrando pagos con “reparos” a medios locales hasta la última Junta de Gobierno de ese año el 29 de diciembre.
Esos pagos a los medios locales han supuesto una irregularidad siempre que no se han visto otorgados cumpliendo con la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, lo que podría cumplir la condición de “resolución injusta” de la definición de prevaricación. Sin embargo, los “reparos” de la Intervención se pusieron de manifiesto tras el análisis del Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre las cuentas municipales de 2010, desde este momento se cumple la condición “a sabiendas” que redondea la “presunta” existencia de esta figura penal.
Pero me veo obligado a llevar el análisis un poco más allá y me realizó las siguientes preguntas.
¿Qué fuerza superior obliga a la Junta de Gobierno a realizar estos pagos sabiendo que son irregulares a medios a los que, antes de llegar a la alcaldía, criticaban y calificaban negativamente?
¿Qué les impulsa a seguir aprobando y pagando sus facturas a pesar de quejarse constantemente del importe de los servicios publicitarios tan elevados?
¿Qué poder tienen estos medios que se ven agraciados con un torrente constante de dinero municipal?
¿Qué audiencia certificada aportan como para cobrar semejantes tarifas?
¿Por qué se autorizaron pagos de más de 17.500 euros mensuales para un banner fijo en una web sin atender al número de visualizaciones reales del mismo?
En definitiva, ¿cuáles han sido las razones para arriesgar en la presunta comisión de un delito penal aprobando pagos con “reparos” a estos medios?
Tan importante como tener las respuestas, es saber hacerse las preguntas oportunas.
Javier Bello lo tuvo claro ya en su primera intervención frente a los medios locales. En aquella célebre rueda de prensa de “el papel lo aguanta todo” nos dejó el mismo argumento que sigue usando aún hoy para justificar los altísimos y desmesurados pagos a dos medios locales. Ese en el que dice que no se puede dejar a la ciudad “muda”o dejar de anunciar el Don Juan porque entonces, igual es mejor no hacerlo. Lo primero, reconoce que hay medios que “viven” del dinero municipal. Alguno ha certificado ese aserto dejando de publicarse en papel justo el mismo mes que ha dejado de percibir dinero municipal.
Por otro lado, la falacia de que si no se promociona el Don Juan (como ejemplo del Abril de Cervantes, Clásicos en Alcalá, Mercado Cervantino…) igual es mejor no hacerlo, se desmonta fácilmente recordando que la promoción de esos eventos deben realizarse de Alcalá de Henares “hacia afuera”. Su promoción en medios locales no sirve al objetivo de expandir el turismo hacia el resto del país incluso hacia el resto del mundo. En mi opinión, gastarse el dinero de promocionar el Don Juan en medios locales es tirar el dinero porque no se obtiene el retorno debido de ese gasto para la ciudad. Habrá que promocionar esos grandes eventos a otro niveles, ¿no?
Algún medio local incluso, ha tenido la desfachatez de intentar cobrar, a principios de año, una factura por más de 160 suscripciones anuales a una publicación que se regalaba por la calle y que se dejó de publicar dos meses antes de finalizar ese año. Díganme si esto les parece honesto.
El resultado final, en mi opinión, es que los medios locales han vivido por encima de sus posibilidades reales gracias al dinero municipal. Este estipendio ha sido malgastado porque la ciudad no ha recibido la contraprestación de disponer de unos servicios de comunicación modernos, críticos frente al poder y vigilantes frente a los excesos de todos. Más bien al contrario, han actuado como gregarios del poder, del posible poder, contrarios frente a los molestos al statu-quo hasta la nausea y atentos a obtener tajada de otros servicios.
Bello deberá explicar este martes la razón por la que propuso la aprobación de unos pagos a medios de comunicación local con advertencia de ilegalidad realizadas por el Interventor Municipal que él mismo nombró a dedo. El mismo Interventor para el que reclama atención a sus dictámenes cuando ha valorado la repercusión económica de la reciente bajada de salarios de la Corporación Municipal.
Supongo que también habrá tiempo para que se le pregunte al propio Interventor por qué no declaró sus observaciones como “reparos suspensivos” puesto que se cumplen algunos de los criterios para que así fueran decretados, según el artículo 216 de la TRLRHL.
También debería haber tiempo, en este proceso judicial, para que se llame a declarar a los responsables del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento que aprobaron los conceptos e importes de las facturas, a pesar de quejarse de sus importes y rendimiento.
Mientras esto ocurre en los juzgados, el exalcalde imputado sigue siendo presidente del PP de Alcalá y portavoz del grupo municipal de su partido.
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