La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH[1]), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH[2]) expresan de forma conjunta preocupación ante la aprobación de reformas en el código penal en Honduras que pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país.
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