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Oriol Solé Altimira 09/03/2021 |
El empresario y exhombre de confianza de Artur Mas quiere dar explicaciones sobre las escuchas telefónicas del caso y desmentir los delitos que le atribuye el magistrado.
Movimiento en el caso Voloh. El empresario y expolítico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí ha pedido declarar voluntariamente ante el juez de Barcelona que lo investiga por corrupción y su papel en favor del proceso soberanista. Madí es el único de la veintena de investigados en la causa que ha solicitado declarar ante el magistrado Joaquín Aguirre. La declaración está prevista para el próximo mes de abril, según ha podido saber elDiario.es.
La Voloh es una macrocausa con diversas líneas de investigación. Desde la presunta corrupción de Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell gracias a sus contactos en la Generalitat al supuesto desvío de fondos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), pasando incluso por una trama rusa de apoyo al procés. La causa se sustenta en buena medida en las escuchas telefónicas que el juez autorizó a ambos dirigentes soberanistas, que formaron parte del llamado 'sanedrín' del procés que pilotó junto al Govern de Puigdemont el otoño soberanista de 2017.
Fuentes de la defensa de Madí, que ejerce la penalista Olba Tubau, han indicado que con su declaración voluntaria el empresario quiere dar explicaciones sobre el contenido de las conversaciones interceptadas y mostrar así que no ha cometido delito alguno. La petición del que fuera hombre de confianza de Artur Mas llega semanas después de que la Audiencia de Barcelona diera un espaldarazo a los pinchazos telefónicos ordenados por el juez Aguirre porque, según expusieron los magistrados, las conversaciones constataban "sospechas fundadas de corrupción" de Madí y Vendrell.
La causa Voloh nació a partir de dos grabaciones halladas en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.
En su conversación con Terradellas, Madí puso "todas las prevenciones" al plan expuesto por su excompañero de partido sobre criptomonedas y el apoyo ruso a la independencia. "Tiene una mala pinta de cojones", remachó Madí, aunque no se cerró del todo en banda: "Ve con mucho cuidado. Dicho esto, si fuese verdad, fantástico, no nos plantearía ningún problema la colaboración siempre y cuando estableciésemos unas reglas sólidas de relación. Pero en el tema de la criptomoneda, el salto es que la Generalitat como administración pública acepte el pago con esta criptomoneda, que es lo que te da la fiabilidad para hacer un salto cósmico con todo esto".
De las escuchas que posteriormente autorizó el juez se desprenden más indicios contra Vendrell que contra Madí, en especial por la recalificación fraudulenta de la finca de Villa Bugatti en la que está implicado el exconseller de ERC. El juez también investiga si Madí contactó con el Govern para "obtener contratos de emergencia" por la COVID-19. Lo hace a partir de una conversación que Madí mantuvo con el entonces secretario de Interior, Brauli Duart, en la que comentaron los problemas del Govern para gestionar la crisis. En la charla Madí y Duart también muestran su intención de tutelar al recién nombrado conseller de Interior, Miquel Sàmper. En paralelo a la declaración de Madí, los investigadores de la Guardia Civil siguen analizando toda la documentación incautada en los registros del pasado 28 de octubre.
Declaraciones por la Diputación
Por otro lado, el juez Aguirre también ha señalado para a partir del próximo 19 de marzo las declaraciones de los 48 investigados por la causa inicial de presunto desvío de subvenciones de un millón de euros de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència, según confirman fuentes de las defensas. Está previsto que las citaciones se produzcan a lo largo de varias semanas.
El juez ha empezado a citar a los investigados en lo que supone la recta final de la investigación. La propia Diputación, personada como acusación particular del caso, ha entregado al instructor varios informes en los que sus técnicos detallan viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, "laxitud" en la aportación de comprobantes e "indeterminaciones". Los informes internos afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el tercer mundo.
Por las subvenciones a las fundaciones CATMÓN e IGMAN permanece imputado Terradellas. Los expedientes también salpican al actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases, vinculado a ambas fundaciones y a quien el juez deberá enviar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para ser interrogado por su condición de aforado. De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.
La Voloh es una macrocausa con diversas líneas de investigación. Desde la presunta corrupción de Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell gracias a sus contactos en la Generalitat al supuesto desvío de fondos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), pasando incluso por una trama rusa de apoyo al procés. La causa se sustenta en buena medida en las escuchas telefónicas que el juez autorizó a ambos dirigentes soberanistas, que formaron parte del llamado 'sanedrín' del procés que pilotó junto al Govern de Puigdemont el otoño soberanista de 2017.
Fuentes de la defensa de Madí, que ejerce la penalista Olba Tubau, han indicado que con su declaración voluntaria el empresario quiere dar explicaciones sobre el contenido de las conversaciones interceptadas y mostrar así que no ha cometido delito alguno. La petición del que fuera hombre de confianza de Artur Mas llega semanas después de que la Audiencia de Barcelona diera un espaldarazo a los pinchazos telefónicos ordenados por el juez Aguirre porque, según expusieron los magistrados, las conversaciones constataban "sospechas fundadas de corrupción" de Madí y Vendrell.
La causa Voloh nació a partir de dos grabaciones halladas en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, en el marco de la investigación por desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona que lleva a cabo el mismo juez. Los audios eran conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell –que Terradellas niega haber grabado– sobre la supuesta trama rusa del procés y el uso de 'bitcoins' para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo.
En su conversación con Terradellas, Madí puso "todas las prevenciones" al plan expuesto por su excompañero de partido sobre criptomonedas y el apoyo ruso a la independencia. "Tiene una mala pinta de cojones", remachó Madí, aunque no se cerró del todo en banda: "Ve con mucho cuidado. Dicho esto, si fuese verdad, fantástico, no nos plantearía ningún problema la colaboración siempre y cuando estableciésemos unas reglas sólidas de relación. Pero en el tema de la criptomoneda, el salto es que la Generalitat como administración pública acepte el pago con esta criptomoneda, que es lo que te da la fiabilidad para hacer un salto cósmico con todo esto".
De las escuchas que posteriormente autorizó el juez se desprenden más indicios contra Vendrell que contra Madí, en especial por la recalificación fraudulenta de la finca de Villa Bugatti en la que está implicado el exconseller de ERC. El juez también investiga si Madí contactó con el Govern para "obtener contratos de emergencia" por la COVID-19. Lo hace a partir de una conversación que Madí mantuvo con el entonces secretario de Interior, Brauli Duart, en la que comentaron los problemas del Govern para gestionar la crisis. En la charla Madí y Duart también muestran su intención de tutelar al recién nombrado conseller de Interior, Miquel Sàmper. En paralelo a la declaración de Madí, los investigadores de la Guardia Civil siguen analizando toda la documentación incautada en los registros del pasado 28 de octubre.
Declaraciones por la Diputación
Por otro lado, el juez Aguirre también ha señalado para a partir del próximo 19 de marzo las declaraciones de los 48 investigados por la causa inicial de presunto desvío de subvenciones de un millón de euros de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència, según confirman fuentes de las defensas. Está previsto que las citaciones se produzcan a lo largo de varias semanas.
El juez ha empezado a citar a los investigados en lo que supone la recta final de la investigación. La propia Diputación, personada como acusación particular del caso, ha entregado al instructor varios informes en los que sus técnicos detallan viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, "laxitud" en la aportación de comprobantes e "indeterminaciones". Los informes internos afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el tercer mundo.
Por las subvenciones a las fundaciones CATMÓN e IGMAN permanece imputado Terradellas. Los expedientes también salpican al actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases, vinculado a ambas fundaciones y a quien el juez deberá enviar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para ser interrogado por su condición de aforado. De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.
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