| Carmen Lucas-Torres 07/01/2022 |
La protesta de un nutrido grupo de abogados que ejerce en Barcelona para que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano evidencia dicha movilización. En los últimos años han surgido en la región distintas asociaciones para evitar que el independentismo se haga con el control absoluto del sector educativo y social. Consideran que el Govern no puede seguir excluyendo a los ciudadanos que no quieren una Cataluña independiente y que la legalidad debe imponerse. Ven la educación como la línea roja, el ámbito donde no puede permitirse un incumplimiento de las resoluciones de la Administración de Justicia y en el que debe garantizarse el bilingüismo reconocido en el artículo tercero de la Carta Magna. Seguir leyendo>>
No hay comentarios:
Publicar un comentario