España: Negocios, corrupción y ley.

16/01/2023

La forma sospechosa de canalizar los cobros recibidos por Cascos entre 2004 y 2018 merece una investigación a fondo para determinar si pudo producirse un enriquecimiento ilícito.
Cascos ha cobrado 4,7 millones de empresas e instituciones vinculadas con la Administración.
Las revelaciones que hoy publica ABC sobre los negocios opacos de quien fuera vicepresidente del gobierno del PP, ministro de Fomento y presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, reactivan diversas reflexiones sobre la corrupción en política, precisamente ahora que el Gobierno ha impulsado una reforma legal de la malversación por criterios de oportunidad política y satisfacción del independentismo catalán. ABC revela que desde que Álvarez Cascos dejó la política nacional en 2004, y hasta 2018, lo que incluye la fase de la fundación de Foro Asturias, ha cobrado al menos 4,7 millones de euros de empresas e instituciones vinculadas con las administraciones públicas. Lo hizo a través de dos compañías, Aqualium Spain y Cinqualium, en las que aparentemente utilizaba a la que fuera su esposa, la galerista María Porto, como pantalla para justificar el cobro de presuntas comisiones. Muchas de las facturas procedían de pagos de empresas que fueron beneficiadas en su etapa de ministro, y también de servicios sin relación con el objeto real de las empresas manejadas por Cascos. A esta investigación de ABC se une el hecho de que la Audiencia Provincial asturiana lo va a juzgar este año por irregularidades denunciadas por Foro Asturias cuando dejó de dirigir ese partido.

Como a cualquier persona investigada, a Álvarez Cascos le debe asistir la presunción de inocencia. No obstante, la forma sospechosa de canalizar los cobros entre esos años, a través de una inmobiliaria y de una compañía de compraventa de arte, merece una investigación a fondo para determinar si pudo producirse un enriquecimiento ilícito mientras aprovechaba su influyente condición de político para favorecer a empresas a cambio de contraprestaciones. Los tribunales tienen la obligación de esclarecer si todo cargo público, ahora o en el pasado, sobre el que pesen denuncias de corrupción, utilizó su posición de privilegio para ganar dinero ilícitamente. En ese contexto, no ayuda la madeja jurídica que ha liado el Gobierno con su reforma de un delito determinante de nuestro Código Penal como es la malversación. Tratar de desdibujar ese delito, reduciendo mucho las penas previstas en función de si puede demostrarse que hubo un lucro personal o no durante su actividad política, es un sinsentido. La utilización indebida de dinero público para fines delictivos, haya lucro personal o no, no debería manosear la pena para desactivar algunos de sus efectos, como La Moncloa intenta con los líderes del 'procés' catalán. Se trata de tecnicismos, sí, y un gobierno es libre de impulsar las reformas que considere oportunas. Pero a la larga el mensaje que se transmite es el de una permisividad en el combate contra la corrupción desde el Gobierno que genera agravios comparativos y una desigualdad penal evidente entre personas. Peor aún, puede contribuir a liberar a malversadores de libro que están condenados. Abaratar a conveniencia de parte delitos relacionados con la corrupción es un pésimo mensaje social. La corrupción siempre estuvo vinculada a la actividad política, pero lo peor es que además se alimente una atmósfera de impunidad, aún más favorable para ello.

Sería injusto atribuir la carga de la corrupción única y exclusivamente sobre el político de turno. Cuando, como en el caso de Cascos, se produce un flujo entre contratos, servicios y comisiones, o cuando una red de facturas demuestra ser solo una ficción, también son partícipes y culpables de la corrupción las empresas involucradas. Nadie paga mordidas si no es a cambio de algo. Pudrir el sistema favoreciendo conductas corruptas frente a la regeneración es siempre un error, y algunas reformas penales de hoy promueven precisamente eso.