Apelábamos en el último número, y desde este mismo espacio, a la necesidad urgente de que se imponga el imperio de la ética entre la clase política y gobernante, de tal suerte que ésta sea y actúe como la vanguardia de los servidores públicos, en vez de como una élite endogámica, opaca y privilegiada.
El estallido del ‘caso Bárcenas’, como el colmo de una pedrea de casos y sospechas de corrupción en los partidos, añade aún más apremio a la urgencia de ese cambio radical e inmediato en la vida política e institucional. Porque el descrédito ciudadano empieza a generar peligrosos abismos en torno nuestra democracia.
Se ha de comenzar por asumir que el fenómeno de la corrupción no posee un color político concreto, ni es propio de una época o de unas siglas en exclusiva.Se trata de una actividad absolutamente transversal e intemporal que tiene que ver con los perversos vasos comunicantes entre el poder, el presupuesto público, los intereses privados y los beneficios espurios.
Y ya tenemos memoria democrática suficiente como para saber que la derecha, la izquierda y los nacionalismos han encontrado la forma de tapar sus escándalos en buena armonía, una vez pasado el ruido y la indignación generales. Prueba de ello, entre muchas otras demostraciones cotidianas, es que tras más de tres décadas de mandato constitucional aún no se han logrado consensuar leyes de transparencia en la administración y de regulación de la financiación de los partidos políticos como las que existen en muchos países vecinos.
Pero la corrupción está alcanzando proporciones sistémicas, coincidiendo además con una de las peores crisis económicas que se recuerdan, un cóctel que puede provocar una reacción ciudadana sin precedentes y de consecuencias impredecibles. Y por decencia primero y por responsabilidad después, los políticos deberían saber reaccionar antes de que se pase de la desconfianza al caos.
En este sentido, las auditorías externas o los pactos anticorrupción que se anuncian más bien parecen cortinas de humo. Con dos cámaras legislativas y un aparato judicial que incluye fiscales y salas dedicadas específicamente a combatir esta podredumbre, no hacen falta más alardes ni discursos. Solo buena voluntad y muchas dosis de honradez, virtudes que en estos tiempos presentan una envergadura revolucionaria.
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