No deben 'criminalizarse' los escraches

PROTESTAS | Torres-Dulce advierte de que están 'vigilantes' por si hay delitos

El fiscal general señala que no deben 'criminalizarse' los escraches

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", como los escraches.

No obstante, ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento" de esos derechos. Por eso, ha indicado que están siendo "muy vigilantes" para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación -que "forman parte importante de la vida democrática de un país"- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.

"Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos", ha sentenciado Torres-Dulce.

El fiscal general precisado que estos derechos "no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción en Santander, Torres-Dulce ha indicado que la Fiscalía va a analizar los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y lo hará, ha apuntado, con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.

El fiscal ha recordado que en el Código Penal están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del Parlamento para que cambien el sentido del voto, así como el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.