La Infanta, ante el juez.
La decisión de llamar a declarar a doña Cristina es propia de una democracia asentada.
La investigación financiera y tributaria sobre la infanta Cristina ha
llevado al juez José Castro a pedirle que se explique respecto a
“determinados indicios objetivos” relacionados con defraudaciones
tributarias y blanqueo de capitales. Lejos de poner en peligro los
pilares del Estado o el futuro de la Monarquía, la decisión del
magistrado constituye un buen síntoma de la salud democrática de una
sociedad atravesada por corrientes muy críticas hacia el funcionamiento
de sus instituciones.
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