Comentario presuntamente político al
Editorial: Consenso y salario en Alcalá, Lunes, 24 Febrero 2014- “Si Rodríguez sólo es capaz de entenderse con el Gobierno para pactar sueldos, dejará una imagen poco edificante de sí mismo y de su partido.”
por Juan Antonio Camargo.
Naranjo sigue con su "letania" pidiendo consenso politico en torno a un Bello a quien ni su propio partido en Alcalá de Henares y mucho menos en la primera planta de Génova hacen menos caso ahora, que al ex-senador Granados, presuntamente claro.
Esta noticia no es nueva pero Naranjo aplica a sus textos el metodo Goeblels lo mismo que hacian los sovieticos durante su imperio: reescribirlos, presuntamente claro.
Reproducimos para la posterioridad el contenido del yexto a fecha de hoy 24 de febrero de 2014 a las 16:21 horas.
"No es mala noticia la decisión municipal de anticipar la baja de salarios de los cargos públicos antes de que, en cualquier caso, la Ley aprobada en Consejo de Ministros les obligue a hacerlo. En Alcalá y en cualquiera de los ayuntamientos de España, con mayor celeridad en aquellos –casi todos– que presentan números rojos. Ahorrar 250.000 euros en retribuciones municipales en un gesto estético con algún valor en tiempos en que, no sin razón, el ciudadano interpreta que lo de ajustarse el cinturón no afecta a quienes, paradójicamente, se lo imponen al resto.
La medida puede tener otro efecto positivo, y es el de aplicar el mismo espíritu en el conjunto del gasto laboral del Ayuntamiento: sin necesidad de tocar derechos fundamentales, hay margen de sobra para moderar la miríada de complementos que, en la práctica, colapsan el presupuesto y dedican a la estructura lo que debería ir, preferentemente, al ciudadano. Es una lástima, cuando no un bochorno, que la misma ley que dispone las retribuciones de los cargos públicos en la Administración local no haya definido un marco general para las relaciones laborales en los ayuntamientos, ahora presas de una perversa negociación a la carta que debería enmarcarse en un criterio único para todo el país, evitando la proliferación de convenios colectivos excesivos que los alcaldes firman por interés o por presión y limitan sus recursos hasta hacerlos casi inexistentes.
La última lectura se dirige hacia el consenso que ha fraguado este acuerdo, en el que tan presente está ahorrar algo como no hacerlo demasiado a costa del estatus que los concejales tenían hasta ahora: la búsqueda de excusas administrativas para no aplicar la reducción salarial en su totalidad es tan evidente como, a falta de leer la letra pequeña, lógica. Pero mantiene, con otro nombre y una cuantía inferior, la posibilidad de que los 27 concejales del Ayuntamiento tengan un salario alto, tengan o no competencias de gestión. Esto indica, obviamente, la existencia de un acuerdo en el que todos han pedido y cedido para llegar al consenso. Algo que el alcalde puede explicar en su reiterado deseo de entenderse con la oposición pero que ésta tiene más difícil de vender. No por acordar esto, sino por no querer acordar casi nada más, lanzando un mensaje descorazonador: no se puede consensuar nada con el Gobierno, al que se quería echar hasta ayer de manera brusca y sin apoyos, salvo sí los sueldos de todos.
Para que especialmente el PSOE no dé esta impresión, tan poco presentable, ha de demostrar que la necesaria rivalidad incluye también acuerdos cuando los intereses de la ciudad están en juego, y no sólo cuando las expectativas personales de sus miembros se dirimen. Porque sería penoso llegar a la conclusión de que a Javier Rodríguez no le importa bloquear a la ciudad por la supuesta ineficacia de unos señores que, luego, son perfectamente válidos para entenderse con la cartera en la mano. El ciudadano no es tonto, especialmente si los hechos son tan evidentes y difíciles de camuflar".
La medida puede tener otro efecto positivo, y es el de aplicar el mismo espíritu en el conjunto del gasto laboral del Ayuntamiento: sin necesidad de tocar derechos fundamentales, hay margen de sobra para moderar la miríada de complementos que, en la práctica, colapsan el presupuesto y dedican a la estructura lo que debería ir, preferentemente, al ciudadano. Es una lástima, cuando no un bochorno, que la misma ley que dispone las retribuciones de los cargos públicos en la Administración local no haya definido un marco general para las relaciones laborales en los ayuntamientos, ahora presas de una perversa negociación a la carta que debería enmarcarse en un criterio único para todo el país, evitando la proliferación de convenios colectivos excesivos que los alcaldes firman por interés o por presión y limitan sus recursos hasta hacerlos casi inexistentes.
La última lectura se dirige hacia el consenso que ha fraguado este acuerdo, en el que tan presente está ahorrar algo como no hacerlo demasiado a costa del estatus que los concejales tenían hasta ahora: la búsqueda de excusas administrativas para no aplicar la reducción salarial en su totalidad es tan evidente como, a falta de leer la letra pequeña, lógica. Pero mantiene, con otro nombre y una cuantía inferior, la posibilidad de que los 27 concejales del Ayuntamiento tengan un salario alto, tengan o no competencias de gestión. Esto indica, obviamente, la existencia de un acuerdo en el que todos han pedido y cedido para llegar al consenso. Algo que el alcalde puede explicar en su reiterado deseo de entenderse con la oposición pero que ésta tiene más difícil de vender. No por acordar esto, sino por no querer acordar casi nada más, lanzando un mensaje descorazonador: no se puede consensuar nada con el Gobierno, al que se quería echar hasta ayer de manera brusca y sin apoyos, salvo sí los sueldos de todos.
Para que especialmente el PSOE no dé esta impresión, tan poco presentable, ha de demostrar que la necesaria rivalidad incluye también acuerdos cuando los intereses de la ciudad están en juego, y no sólo cuando las expectativas personales de sus miembros se dirimen. Porque sería penoso llegar a la conclusión de que a Javier Rodríguez no le importa bloquear a la ciudad por la supuesta ineficacia de unos señores que, luego, son perfectamente válidos para entenderse con la cartera en la mano. El ciudadano no es tonto, especialmente si los hechos son tan evidentes y difíciles de camuflar".
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