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Andrés Pedreño
Profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y miembro del círculo Podemos Murcia.
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Es urgente construir un municipalismo ciudadano que priorice la subsistencia y la calidad de la vida cotidiana ciudadana por encima de cualquier lógica del beneficio privado.
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar uno de esos
pequeños acontecimientos que suceden en la vida pública, del cual ni sus
propios actuantes tienen (tenemos) conciencia de la innovación política
que implica. Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, ante 300 personas,
en una asamblea del Círculo Podemos de Murcia, en plena calle (en la
plaza de los Patos del Barrio de Vistabella), toma la palabra y cuenta a
la ciudadanía lo que ha estado haciendo en el Parlamento Europeo desde
que tomó acta de diputada tras las elecciones del pasado 25 de mayo.
Contó y se sometió a las preguntas que le plantearon los ciudadanos que
hasta allí se acercaron. He aquí un acto de democracia absoluta, señal
inequívoca del nuevo signo de los tiempos.
Retengo de
su “rendición de cuentas” la labor que está haciendo en la Comisión de
Comercio para tratar de recabar información sobre los tratados de libre
comercio que la Unión Europea está negociando de forma poco transparente
(esto es, de espaldas a los ciudadanos) con EEUU (TTIP por sus siglas
en inglés) y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). Lo que contó es
tremendo y tremendamente importante.
Los inversores
globales tienen un grave problema de dinero. No saben qué hacer con
tanto dinero como han acumulado explotando a los pueblos del mundo. Su
lógica es obtener dinero para conseguir más dinero. Para ello necesitan
lugares y sectores rentables donde invertir ese dinero. David Harvey:
“para recuperar una tasa de crecimiento del 3% habrá que encontrar
nuevas oportunidades rentables de inversión global para 1,6 billones de
dólares en 2010, cifra que aumentará hasta acercarse a los tres billones
en 2030” ( El Enigma del Capital, 2012). Uno de
esos espacios donde agrandar el valor del dinero son los servicios
públicos. Pero para ello tales servicios tienen que dejar de estar
protegidos por el derecho público. Para convertirlos en maquinaria de
hacer dinero tienen que dejar de ser servicios cuya prioridad sea la de
satisfacer necesidades colectivas.
Desde hace
décadas, los ayuntamientos han seguido esa lógica: privatizar servicios
y/o externalizarlos para que empresas privadas se los apropien o los
gestionen privadamente. Es urgente revertir este proceso y construir un
municipalismo que frente a los inversores globales plantee una práctica
política que priorice la subsistencia y la calidad de la vida cotidiana
ciudadana por encima de cualquier lógica del beneficio privado y que
extirpe el mal de la corrupción política de los ayuntamientos. La
revolución ciudadana ha de apostar por tomar los ayuntamientos para
recuperar para la colectividad cada uno de los servicios públicos
privatizados en esta larga noche del neoliberalismo corrupto en versión
hispana (este capitalismo de amigos y mangantes).
Desde hace unos años, se ha desarrollado un interesantísimo movimiento
ciudadano por la remunicipalización de los servicios de aguas. Pues en
muchos ayuntamientos se trata de un servicio privatizado o bajo control
privado de alguna de las tres o cuatro corporaciones trasnacionales que
controlan el agua a nivel global.
Con la crisis, han
sido muchas las familias afectadas por la práctica de las empresas
municipales de aguas de amenazarlas con cortarles el suministro de agua
potable porque habían acumulado dos impagos. Estos impagos se deben al
hecho de que la crisis les ha quitado el trabajo, les ha despojado de
las ayudas públicas, les ha empujado a la pobreza. Ante esta situación,
el movimiento ciudadano ha dicho: 1) el agua no es una mercancía, en un
mínimo antropológico necesario para la vida digna; 2) los servicios
municipales de agua no deben estar en manos privadas y tenemos que
recuperarlos como bienes públicos; y 3) las tarifas del agua deben
regirse como tasas y no como precios privados, pues de lo contrario las
empresas privadas harán del agua un negocio subiéndonos todos los años
la factura del agua con razones arbitrarias relativas a su estructura de
costes.
Las multinacionales del agua en este país se
han adelantado a lo que Lola Sánchez explicó que va a suceder con el
Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y EEUU. Han aprovechado la
situación de ruina y deuda de muchos ayuntamientos para presionar a los
alcaldes para que privaticen los servicios municipales de agua y para
obtener ventajosos contratos de gestión a cambio de adelantar una
abultada cantidad de dinero por periodos de tiempo largos a 20 o 25 años
–el denominado “canón concesional”-, dinero adelantado que las empresas
recuperan incrementando las tarifas del agua a los ciudadanos.
El municipalismo o la recuperación ciudadana de los ayuntamientos ha de
reapropiarse para el municipio de cada uno de los servicios
privatizados o externalizados en todos estos años. Pero no es
suficiente. Los servicios municipales deben ser bienes públicos y
también bienes comunes. Y en cuanto bienes comunes que satisfacen
necesidades colectivas deben estar bajo control ciudadano. Si se los
dejamos en exclusiva a los profesionales de la política, al final habrá
corrupción. Por ello necesitamos mecanismos de participación ciudadana,
controles ciudadanos. El municipalismo al que aspiramos es una
revolución política que pone los ayuntamientos al servicio de los
ciudadanos y bajo su control y participación.
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