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Ignacio Escolar
2/11/2017
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Cuando la Generalitat puso las urnas el 1 de octubre contra el mandato expreso del Tribunal Constitucional, cuando el Parlament proclamó la República de Catalunya con ese referéndum ilegal como excusa, es evidente que el Govern incumplió la ley. También es obvio que saltarse la ley y las órdenes judiciales tiene consecuencias penales en cualquier país democrático, y hay varios delitos que con toda justicia se les podrían imputar. El de desobediencia grave a la autoridad: de seis meses a un año de multa. O el de prevaricación: de tres a ocho meses de multa y hasta 15 años de inhabilitación. O el de malversación: hasta ocho años de prisión, si se demuestra el uso de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal.
Son todos ellos delitos graves y que la justicia debe investigar y castigar. Son lo bastante serios como para que no fuese necesario forzar la mano y aplicar un derecho penal de autor, de contundencia desmesurada y de dudoso encaje legal. Una mano dura penal que solo da argumentos a quienes quieren retratar a la democracia española como un Estado autoritario, como un país incapaz de dar salida política a los problemas políticos. Como la Turquía occidental.
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