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| 08/08/2020 Santiago López Legarda |
Ya sabemos que la vida imita al arte, pero difícilmente podíamos imaginar en noviembre de 1975 que aquel atractivo joven de 37 años que las Cortes españolas (entonces franquistas, ciertamente) acababan de proclamar Jefe del Estado a título de Rey, acabaría cruzando clandestinamente la frontera de España hacia un exilio dorado en el que disfrutaría de los millones acumulados en años y años de trapicheos y corruptelas.
El reinado de Juan Carlos I fue uno de los más largos de nuestra historia y sin duda también uno de los mejores desde el punto de vista de la prosperidad social y económica del país.
En la famosa película de Sam Peckimpah, la pareja protagonista, interpretada por los atractivísimos Steve McQueen y Ali MacGraw, termina cruzando la frontera hacia México, se supone que para disfrutar en paz y felicidad unos millones de dólares que han conseguido conservar en su poder después de mil peripecias.
Ya sabemos que la vida imita al arte, pero difícilmente podíamos imaginar en noviembre de 1975 que aquel atractivo joven de 37 años que las Cortes españolas (entonces franquistas, ciertamente) acababan de proclamar Jefe del Estado a título de Rey, acabaría cruzando clandestinamente la frontera de España hacia un exilio dorado en el que disfrutaría de los millones acumulados en años y años de trapicheos y corruptelas. Debemos respetar el sagrado principio de la presunción de inocencia, pero si acaban siendo ciertas, judicialmente ciertas, algunas de las cosas que se han publicado, Juan Carlos I acabará ocupando en la historia de España un lugar no mucho mejor que el de tantos otros Borbones que le precedieron. Qué decepción, ¿no, compatriotas?
Estamos consternados, sí, por el daño (no irreparable, creo yo) que se le hace a la imagen de España en el exterior y al funcionamiento de nuestras instituciones, empezando por la Monarquía y terminando por la Justicia. Pero no comparto el afán justiciero con que algunos alcaldes se disponen a retirar retratos de los despachos y placas de los callejeros, del mismo modo que no comparto el afán censor de quienes, llenos de santa indignación por las injusticias del pasado, se disponen a derribar estatuas o borrar fotogramas de “Lo que el viento se llevó”. No tengamos tanta prisa, intentemos practicar esa virtud tan difícil que es la ecuanimidad.
El reinado de Juan Carlos I fue uno de los más largos de nuestra historia y sin duda también uno de los mejores desde el punto de vista de la prosperidad social y económica del país. No era nada fácil establecer en España una democracia parlamentaria equiparable a cualquiera de las democracias occidentales después de los casi cuarenta años de dictadura franquista. Y de las dificultades surgieron los defectos que luego se han ido viendo en el diseño de nuestra arquitectura institucional. Por ejemplo, cuando se elaboró la ley electoral se podría haber establecido un porcentaje mínimo de votos (digamos el 3% o el 5%) a nivel estatal para acceder al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Nos habríamos evitado así el dolor de cabeza permanente que las fuerzas nacionalistas provocan en la gobernación del país, y en aquel momento nadie habría podido decir o alegar nada, puesto que un listón exactamente igual existe en la Constitución de la República Federal de Alemania.
Otro defecto –ahora podemos pensar que grave- es la inviolabilidad concedida al Rey en la Carta Magna. Puede que ese privilegio excesivo haya sido tomado por impunidad en muchas ocasiones. Y puede que el monarca ahora huido o exiliado cayera en la tentación de pensar que esa inviolabilidad o impunidad le daba carta blanca para hacer lo que quisiera en su vida privada, como él decía. Seguramente Juan Carlos I pensó en algún momento que esas actividades “privadas” suyas quedarían arrinconadas o perdonadas por el peso indiscutible de los brillantes servicios públicos prestados a la democracia española. Y no se olvide una cosa: en cada uno de sus viajes oficiales, Juan Carlos I no sólo iba acompañado por el Ministro de Jornada. También iba con él una cohorte de empresarios en busca de contratos y no sólo de hacer turismo. Y esos contratos, aunque a veces fueran para algo tan horroroso como la fabricación y venta de armas, acababan convirtiéndose en puestos de trabajo y salarios en España. Así que, en cierto modo, todos nos hemos beneficiado de las actividades públicas y privadas del Rey emérito.
El debate Monarquía-República que algunos quieren lanzar ahora me parece prematuro y oportunista. Lo que toca, creo yo, es exigir transparencia, que siga la investigación judicial, que se nos diga dónde está y de qué va a vivir Juan Carlos I, que se acabe con el privilegio de la inviolabilidad y que el Monarca en ejercicio siga contribuyendo a la estabilidad política e institucional del país.
El reinado de Juan Carlos I fue uno de los más largos de nuestra historia y sin duda también uno de los mejores desde el punto de vista de la prosperidad social y económica del país.
En la famosa película de Sam Peckimpah, la pareja protagonista, interpretada por los atractivísimos Steve McQueen y Ali MacGraw, termina cruzando la frontera hacia México, se supone que para disfrutar en paz y felicidad unos millones de dólares que han conseguido conservar en su poder después de mil peripecias.
Ya sabemos que la vida imita al arte, pero difícilmente podíamos imaginar en noviembre de 1975 que aquel atractivo joven de 37 años que las Cortes españolas (entonces franquistas, ciertamente) acababan de proclamar Jefe del Estado a título de Rey, acabaría cruzando clandestinamente la frontera de España hacia un exilio dorado en el que disfrutaría de los millones acumulados en años y años de trapicheos y corruptelas. Debemos respetar el sagrado principio de la presunción de inocencia, pero si acaban siendo ciertas, judicialmente ciertas, algunas de las cosas que se han publicado, Juan Carlos I acabará ocupando en la historia de España un lugar no mucho mejor que el de tantos otros Borbones que le precedieron. Qué decepción, ¿no, compatriotas?
Estamos consternados, sí, por el daño (no irreparable, creo yo) que se le hace a la imagen de España en el exterior y al funcionamiento de nuestras instituciones, empezando por la Monarquía y terminando por la Justicia. Pero no comparto el afán justiciero con que algunos alcaldes se disponen a retirar retratos de los despachos y placas de los callejeros, del mismo modo que no comparto el afán censor de quienes, llenos de santa indignación por las injusticias del pasado, se disponen a derribar estatuas o borrar fotogramas de “Lo que el viento se llevó”. No tengamos tanta prisa, intentemos practicar esa virtud tan difícil que es la ecuanimidad.
El reinado de Juan Carlos I fue uno de los más largos de nuestra historia y sin duda también uno de los mejores desde el punto de vista de la prosperidad social y económica del país. No era nada fácil establecer en España una democracia parlamentaria equiparable a cualquiera de las democracias occidentales después de los casi cuarenta años de dictadura franquista. Y de las dificultades surgieron los defectos que luego se han ido viendo en el diseño de nuestra arquitectura institucional. Por ejemplo, cuando se elaboró la ley electoral se podría haber establecido un porcentaje mínimo de votos (digamos el 3% o el 5%) a nivel estatal para acceder al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Nos habríamos evitado así el dolor de cabeza permanente que las fuerzas nacionalistas provocan en la gobernación del país, y en aquel momento nadie habría podido decir o alegar nada, puesto que un listón exactamente igual existe en la Constitución de la República Federal de Alemania.
Otro defecto –ahora podemos pensar que grave- es la inviolabilidad concedida al Rey en la Carta Magna. Puede que ese privilegio excesivo haya sido tomado por impunidad en muchas ocasiones. Y puede que el monarca ahora huido o exiliado cayera en la tentación de pensar que esa inviolabilidad o impunidad le daba carta blanca para hacer lo que quisiera en su vida privada, como él decía. Seguramente Juan Carlos I pensó en algún momento que esas actividades “privadas” suyas quedarían arrinconadas o perdonadas por el peso indiscutible de los brillantes servicios públicos prestados a la democracia española. Y no se olvide una cosa: en cada uno de sus viajes oficiales, Juan Carlos I no sólo iba acompañado por el Ministro de Jornada. También iba con él una cohorte de empresarios en busca de contratos y no sólo de hacer turismo. Y esos contratos, aunque a veces fueran para algo tan horroroso como la fabricación y venta de armas, acababan convirtiéndose en puestos de trabajo y salarios en España. Así que, en cierto modo, todos nos hemos beneficiado de las actividades públicas y privadas del Rey emérito.
El debate Monarquía-República que algunos quieren lanzar ahora me parece prematuro y oportunista. Lo que toca, creo yo, es exigir transparencia, que siga la investigación judicial, que se nos diga dónde está y de qué va a vivir Juan Carlos I, que se acabe con el privilegio de la inviolabilidad y que el Monarca en ejercicio siga contribuyendo a la estabilidad política e institucional del país.
Hoy por hoy, el emérito Juan Carlos I, es un jubilado expatriado de lujo en Abu Dabhi. Como se sabe un expatriado es una persona que, de forma temporal o permanente, reside en un país diferente del país en el que nació. El término viene del ex («fuera de») y patria («país», «madre patria»). El término se usa comúnmente en el caso en que las empresas envían a sus profesionales o trabajadores a sus delegaciones en el extranjero. No existe una definición establecida e inamovible. Así, una persona que es vista desde su país como expatriado puede ser percibida como inmigrante en el país anfitrión. Sin embargo, un jubilado que viva en otro país normalmente se considera expatriado.
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