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| EL PAÍS 04/02/2021 José Manuel Romero |
El escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con las últimas confesiones del extesorero. Luis Bárcenas sostiene en el escrito de confesión dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicaciones de contratos públicos a empresarios en administraciones del PP a cambio de donaciones durante la etapa de José María Aznar en el Gobierno.
El extesorero ha mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios. Ese dinero no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP, según Bárcenas. El exsenador y extesorero tan solo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso.
La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.
Rafael Palencia es un empresario que, según la investigación, visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones de contratos.
El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen hasta 23 contratos millonarios (por 600 millones en total) adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos en Administraciones regionales a favor de donantes del PP.
Muchos contratos de la Administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes, con nueve aportaciones de fondos en distintos años. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la Administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.
El juez Pedraz ha solicitado “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, la “orden de inicio”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.
Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas.
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