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| 09/03/2021 |
Brasil se ha convertido en una cámara de gas a cielo abierto, con mutaciones del coronavirus que ponen en riesgo el mundo, dice un manifiesto de intelectuales, religiosos y artistas horrorizados ante la mortandad de la COVID-19, agrandada por el gobierno, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
El presidente Jair Bolsonaro casi nunca usa mascarillas en actos y locales públicos, incluso donde es una obligación legal. El 26 de febrero reunió una multitud para firmar órdenes para obras en carreteras del estado de Ceará, en el noreste de Brasil.
El presidente Jair Bolsonaro casi nunca usa mascarillas en actos y locales públicos, incluso donde es una obligación legal. El 26 de febrero reunió una multitud para firmar órdenes para obras en carreteras del estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Foto: José Dias/PR-Fotos Públicas
«El monstruoso gobierno genocida de (Jair) Bolsonaro dejó de ser una amenaza solo a Brasil para hacerse una amenaza global», dice la Carta Abierta a la Humanidad divulgada el 6 de marzo 2021, que atrajo miles de adhesiones. Brasil grita por socorro, encabeza el texto.
Decenas de enfermos de covid muriendo en las filas de espera ante las Unidades de Tratamiento Intensivo (UTI) sin cupo, contenedores refrigerados para cadáveres sin espacio en los cementerios y gobiernos locales pidiendo ayuda a otros reflejan el colapso sanitario que ya afecta algunos de los estados brasileños y acecha otros.
En Santa Catarina, un estado sureño de 7,2 millones de habitantes, casi cuatrocientos enfermos esperaban UTI el 6 de marzo y en esa situación ya habían muerto por lo menos 61. Cuatro pacientes lograron trasladarse a hospitales de Espíritu Santo, estado del sureste de Brasil. Sus capitales, Florianópolis y Vitoria, distan 1160 kilómetros.
El secretario de Salud de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, reconoció el colapso de los hospitales de ese estado y solicitó a sus colegas acoger parte de sus 59 pacientes necesitados de cuidados intensivos.
El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general del Ejército, anunció el 25 de febrero que la transferencia de enfermos graves a otros estados seria la respuesta al agotamiento de recursos en algunas localidades deficitarias de otros.
Así se hizo con más de seiscientos enfermos del estado de Amazonas, en el noreste del país, donde colapsaron los hospitales por falta de oxígeno, después de morir centenares de personas por asfixia a partir del 14 de enero.
Pero ahora casi todos los veintiséis estados brasileños y el Distrito Federal tienen sus hospitales con ocupación crítica, especialmente las UTI destinadas a la covid-19, y ya no pueden prestar esa solidaridad, contestaron autoridades sanitarias locales y regionales al ministro.
La incapacidad del ministro de informarse y de planificar las acciones nacionales contra la pandemia es una de las brechas que ponen los brasileños a la merced del coronavirus.
El general alega no haber tenido información previa de la carencia de oxígeno en el Amazonas, en respuesta a las investigaciones de la Justicia y del Tribunal de Cuentas del poder legislativo sobre su posible omisión en la tragedia amazónica de enero.
Pero documentos de su propio Ministerio y su propia presencia en Manaus, capital del Amazonas, algunos días antes del colapso desmienten sus alegaciones.
En relación a la lentitud de la vacunación en Brasil, por falta de vacunas que su gobierno se negó a contratar con la antelación recomendable, Pazuello anuncia sucesivas metas cuya irrealidad es evidente, ante la fuerte presión de la sociedad y los gobiernos de estados y municipios.
Su plan preveía, por ejemplo, 46 millones de dosis este mes de marzo para un país con 212 millones de habitantes. La cifra se redujo tres veces y se limita ahora a treinta millones, pero sin credibilidad. Incluir vacunas aún sin contratos de compra o sin aprobación de la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria es uno de sus trucos simplones.
Pero el general-ministro no es el origen de la catástrofe sanitaria brasileña, sino un síntoma. Su nombramiento, en mayo, se debió al deseo del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de imponer sus orientaciones en relación a la pandemia, contrarias al aislamiento social y a favor de medicamentos ilusorios, como la cloroquina.
Los ministros anteriores, los médicos Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, fueron destituidos en abril y mayo de 2020, respectivamente, por rechazar las imposiciones de Bolsonaro, quien sabotea sistemáticamente los esfuerzos de los gobiernos locales en restringir la circulación de las personas y usar mascarillas.
Promueve aglomeraciones, critica las mascarillas, defiende el mantenimiento de toda la actividad económica, ya que «el desempleo mata más que el virus. Todos se contagiarán un día y aceptarlo es la forma de enfrentar la covid-19 como hombres», según el presidente.
Brasil vivió un apogeo de la covid-19 entre fines de mayo y agosto, con cerca de mil muertes como promedio diario. Se ilusionó luego con una declinación hasta diciembre.
Se desarmaron hospitales de campaña, se descuidó la compra de vacunas, se intensificó la promoción del llamado tratamiento precoz, con la cloroquina y la hidrocloroquina, usadas contra la malaria y el lupus, medicamentos contra parásitos como la ivermectina, antibióticos, anticoagulantes y vitaminas variadas, ninguno con eficacia comprobada.
La nueva ola, de propagación más rápida y aparentemente más letal, empezó por el escándalo amazónico en enero y se extendió a todo el Brasil en febrero. El promedio de muertos diarios alcanzó 1496 el 7 de marzo, 42 por ciento más que el promedio de dos semanas antes.
Los epidemiólogos apuntan las fiestas del fin del año y del carnaval, aunque restringidos o prohibidos, como el factor de los nuevos brotes.
En Amazonas, aparentemente empezando por su capital Manaus, de 2,2 millones de habitantes, surgió la variante P1 del coronavirus causador de la covid-19, que tiene una capacidad de contagio 1,4 a 2,2 veces superior a la del virus original, según un estudio.
El traslado de enfermos de Amazonas a otros dieciséis estados ayudó probablemente a diseminar esa variante y otras por casi todo el Brasil. Con la pandemia sin control y en propagación, el país se hizo un fértil criadero de nuevas mutaciones.
Eso hace de Brasil una doble amenaza a los demás países, especialmente los vecinos. Por expansión de la pandemia y por las variantes que pueden incluso romper la protección generada por las vacunas.
La situación brasileña es muy seria y preocupa por su transmisión a América Latina. Exige medidas agresivas y vacunación, urgió el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 5 de marzo.
Pero es difícil impulsar las medidas que la experiencia mundial comprobó como eficaces, si el capitán del barco rema al revés. Los estados y municipios, a excepción de los gobernados por bolsonaristas, no logran seguir el ejemplo de los países de mayor éxito en controlar la pandemia.
Imponer el cierre de las actividades económicas y sociales, que todos usen mascarillas en lugares públicos es casi imposible. Últimamente el reto es impedir fiestas y aglomeraciones clandestinas, en bares, restaurantes y locales irregulares, que probablemente aumentaron el contagio de jóvenes de las capas medias y ricas.
Bolsonaro decretó, por ejemplo, que son actividades esenciales las sesiones religiosas presenciales y los centros de gimnasia. Su secretaría de Cultura prohibió recursos de incentivo a espectáculos que no sean presenciales.
Camioneros bolsonaristas bloquearon el viernes 5 de marzo dos puntos de la principal vía de acceso a la ciudad de São Paulo, en un protesto contra medidas del gobierno local, que cierran el comercio y servicios no esenciales, ante el agravamiento de la pandemia y los hospitales saturados.
Es intencional el colapso del sistema de salud que provoca el presidente, al boicotear la vacunación y la prevención y estimular aglomeraciones, creando el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus (que) ponen en riesgo toda la humanidad, acusa el manifiesto de intelectuales, religiosos y artistas, como el cantautor y escritor Chico Buarque de Holanda y el fraile Leonardo Boff.
El grupo pide al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, urgencia en condenar la política genocida de este gobierno que amenaza la civilización.
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