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| 05-03-2021 Tono Calleja |
«Señor Villarejo, ¿qué fortuna tiene usted en el extranjero? ¿Se está investigando qué movimientos de capitales podría haber hecho?», preguntó este jueves un periodista en la Audiencia Nacional al comisario jubilado, un día después de que el juez que le investiga, Manuel García Castellón, le dejara libre con medidas cautelares para limitar el riesgo de fuga: «La mitad para usted, de verdad. Dígame dónde le firmo», contestó de forma socarrona Villarejo, que se encontró con una nueva respuesta del periodista: «¿Y cuánto es la mitad?». «Pues eso es lo que yo quisiera saber», dijo entonces el agente jubilado, que aludió a las múltiples comisiones rogatorias que el instructor ha reclamado por varios países: «Miren, la única estructura del extranjero fue la operación que dio lugar a todo, que me la organizó el CNI, y además, lamentablemente, no puedo entrar en detalles porque está ‘sub iudice», espetó Villarejo, quién se negó a dar más información en su respuesta al informador.
Pero lo cierto es que el juez García Castellón, días antes de soltar al comisario, reclamó a las autoridades de Uruguay que bloquearan todos sus activos financieros y mantuvieran sus propiedades embargadas, según consta en un auto de 2 de febrero, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
«Los avances producidos en la investigación [...] han aportado nuevos documentos que reflejan la operativa de blanqueo de capitales mediante aquel flujo transnacional de fondos», asegura el juez en la resolución, en la que especifica que las pesquisas desarrolladas desde noviembre de 2017, han permitido «un conocimiento más profundo de la estructura societaria, el entramado de cuentas bancarias y la propiedad de bienes inmuebles de la organización criminal investigada radicados en Uruguay».
En concreto, alude el instructor a que Villarejo utilizó una empresa de este país sudamericano, denominada Global Sinapsis Investment SL «como destinataria de pagos efectuados como contraprestación por la elaboración del ‘Proyecto King» a una facción de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial.
El juez explica en el auto que el comisario jubilado, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como «el presunto cabecilla de un clan policial mafioso que durante años infectó a la Policía», pactó cobrar 5 millones de una empresa pública guineana a cambio de «facilitar la introducción en el mercado español del dinero recibido por empresarios guineanos, evitando los controles administrativos y policiales».
Y una parte de dichos pagos, al menos, 1.675.000 euros, le fueron abonados por el empresario español Francisco Menéndez Rubio, quien ejercía de testaferro de los inversores de Guinea Ecuatorial, «desde una cuenta abierta en Suiza por la sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, de nombre Boway Holdings Limited, que a su vez se nutría de fondos de procedencia ilícita vinculados a la corrupción en los negocios internacionales, con destino a cuentas bancarias abiertas por sociedades controladas por Villarejo ubicadas en Reino Unido, Uruguay y Panamá», prosigue el auto.
El magistrado considera, por tanto, que en este caso la «trazabilidad» de los fondos enviados por los investigados a diversas empresas de Uruguay «es clara», por lo que estos activos deberían ser «reintegrados».
Intervención patrimonial
Así, García Castellón cree «inaplazable la adopción de las medidas de intervención patrimonial» después de que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos le solicitaran «el embargo y decomiso anticipado de los bienes y activos financieros» que las sociedades creadas por el entramado financiero por José Manuel Villarejo habían escondido en Uruguay. Concretamente, solicitaron la intervención cautelar de los activos financieros a nombre de la mencionada Global Sinapsis Investment SL y también de la empresa Inversiones Estratégicas Sensibles.
En su auto, García Castellón también reclama a las autoridades uruguayas el bloqueo de los activos financieros de las firmas Participaciones Marvila SA, Central de Criterios Creativos SA y de Cenyt Mercosur.
Finalmente, en la resolución judicial también se pide a las autoridades de Montevideo información sobre las empresas denominadas Topy SA y Pierre SLR, que utilizaba Villarejo para esconder la propiedad de un hotel en la localidad uruguaya de Punta del Este.
Los agentes, según explica el juez, descubrieron estas sociedades tras hallar un correo electrónico en el que figuraban ambas. El mensaje, que fue intervenido, lo envió Villarejo y en él se identificaba a la empresa Topy SA como «propietaria» y a la firma Pierre como «explotadora» del Hotel Don Pepe.
Pero ayer Villarejo, en su primer día de libertad tras tres años y cuatro meses de prisión preventiva, mostró su intención de defenderse de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que calificó como «una patraña».
«No voy a ir contra nadie, voy a defenderme y, por supuesto, voy a desenmascarar a todos», declaró después a los periodistas, a los que aseguró que ha puesto nervioso «a más de uno».
«Muchos directores de los medios en los que están ustedes, que han comido conmigo, muchos dueños de periódicos, que de pronto han desaparecido, pues habrá que recordárselo, poco a poco, y esto no es una amenaza», retó Villarejo ante las cámaras, a las que se presentó con un traje oscuro, una corbata morada, gorra negra, un parche en un ojo, además de una mascarilla con una bandera de España.
Empezar de Cero
«Hoy empieza para mí el punto cero, hoy voy a poder defenderme», continuó el agente, que mostró un carné profesional para relatar que al contrario de lo que dice la prensa «no es excomisario», sino que solo está jubilado: «Una cosa es empleo y otra es cargo, yo seguiré siendo siempre comisario», se reivindicó el policía, quien ayer intervino ante numerosos medios de comunicación tras declarar como investigado en dos nuevas investigaciones del «caso Tándem», que tiene cerca de 30 piezas separadas.
Una de las actividades más lucrativas para Villarejo resultó ser las labores de espionaje que llevó a cabo para el BBVA entre 2004 y 2019, por las que percibió 10,2 millones. Un dinero que empleó en diversas operaciones, algunas de más de un millón de euros, de adquisición de empresas mercantiles, en productos de ahorro e inversión, en amortización de préstamos que suman más de 705.000 euros y en el cobro de cheques de hasta 105.000 euros. Así consta en un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía que rastrea el destino del dinero que le transfirió la entidad bancaria en las cuentas del Grupo Cenyt.
Un informe que concluye que, «a la vista del elevado número de transacciones entre sociedades del grupo empresarial de Villarejo, los conceptos consignados, importes y finalidades», se aprecia una «unidad de caja». «El origen de los fondos que integran ambos movimientos son cuentas de Cenyt previamente provisionadas directamente o por otras que fueron receptoras de fondos desde la cuenta en la que se abonaron por BBVA los servicios a esta prestados por Cenyt», señala Asuntos Internos.
El dinero ingresado en otra cuenta, ésta de Cenyt Consultoría Organizacional (160.000 euros y 55.000 euros el 24 de febrero de 2010 y otros 105.000 el 29 de marzo de 2011), fue inmediatamente retirado mediante dos cheques de 55.000 euros por la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, y otro de 105.000 euros que retiró en efectivo el hijo del excomisario.
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