07/04/2021 |
Las comunidades autónomas recibieron este martes con sorpresa el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner fin al estado de alarma. Y el caso es que aunque los líderes regionales son partidarios del mismo, no entienden que el jefe del Ejecutivo no consensuase con ellos la decisión. Los que han liderado esa queja, que se extiende a otros presidentes autonómicos, han sido el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Urkullu ha lamentado que el presidente haya hecho pública su "decisión, o intención", de no proponer la renovación de Declaración de Estado de Alarma a partir del 9 de mayo "sin contrastarlo" con las comunidades autónomas, "responsables de la atención sanitaria y en primera línea de lucha contra el virus desde el primer día".
"Es, como tal, un deseo compartido por toda la sociedad, pero sujeto a condicionantes imprevisibles a día de hoy, como son la evolución de la pandemia, así como del proceso y ritmo de la vacunación", ha advertido Urkullu en las redes sociales.
El jefe del Ejecutivo vasco ha recordado que "excepción hecha del 31 de julio en San Millán de la Cogolla y del 26 de octubre con la presidenta de la Unión Europea, no ha habido hasta hoy más reunión de Conferencia de Presidentes para hablar de la pandemia de manera monográfica desde el día 14 de junio de 2020". "Esa fue la última reunión, previa a la decisión de derogar el Estado de Alarma a la semana siguiente", ha agregado.
Según ha apuntado, en Euskadi, ante la respuesta recibida a la consulta elevada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y tras un Auto del mismo en el pasado mes de agosto, solicitó la Declaración de Estado de Alarma para, "con garantías jurídicas", poder establecer límites a la movilidad nocturna. "No así para otras decisiones que deberían ser aplicadas en virtud de la Ley Orgánica de Salud Pública y de la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi", ha precisado.
Aun así, destaca el lehendakari que "asistimos a decisiones condicionadas por el Gobierno español, sea en el ámbito de compra centralizada, como en Órdenes Comunicadas o al amparo del vigente RDL de Estado de Alarma".
Por lo tanto, ante el anuncio realizado por Sánchez, afirma que "ojalá sea posible". "¡Ojalá que el periodo desde el 9 de mayo hasta la anunciada inmunidad del 70% de la población para finales del meses de agosto, sea un periodo en el que esté garantizado el suministro de vacunas y que sigamos cumpliendo con las medidas preventivas a nivel individual y colectivo!", exclama.
"Todo ello, disponibilidad de vacunas y cumplimiento estricto de la normativa en vigor, ayudaría a que se pudieran adoptar medidas cada vez menos restrictivas por parte de las Instituciones", señala, para añadir que "será un tiempo, por todas las características del mismo, complejo de gestionar en todo caso. Siempre sujeto a la evolución epidemiológica de una pandemia que sigue existiendo".
Por su parte, la Xunta de Galicia ha lamentado que Sánchez anuncie "una decisión trascendental" sobre el estado de alarma sin haber "contactado" previamente con las comunidades autonómicas, a las que afecta directamente.
"No tenemos información ninguna sobre el fin del estado de alarma, más allá de lo que conocemos por los medios de comunicación", han asegurado fuentes gubernamentales de la Xunta, que han afirmado que "tampoco" conocen "qué alternativa se propone".
En este sentido, el Ejecutivo gallego recuerda que el Estado "sigue sin una legislación estatal para gestionar la pandemia", un asunto que precisamente es ahora motivo de conflicto entre Galicia y el Ejecutivo central. El Gobierno acaba anunciado un recurso de inconstitucionalidad a la ley gallega de salud, recientemente reformada para incluir supuestos vinculados a la pandemia.
"Una vez más nos enteramos de una decisión trascendental, que nos afecta especialmente a las comunidades sin que, ni siquiera, nos hayan contactado. Un nuevo ejemplo de cómo entiende la cogobernanza este Gobierno", lamentan las mismas fuentes de la Xunta.
En días pasados, Núñez Feijóo lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez recurriese al Tribunal Constitucional la ley gallega de salud sin abrir, previamente, la comisión bilateral para dialogar sobre las discrepancias al texto.
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