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| 13/04/2021 Ana María Pascual |
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Los dos empleados del organismo municipal Informática del Ayuntamiento de Madrid que alertaron de irregularidades en la gestión del contrato de Telefonía e Internet recibieron presiones para dar por buenos informes de la consultora Deloitte que causaron un perjuicio al consistorio de unos 20 millones de euros, según una investigación interna del Ayuntamiento.
El contrato de Telecomunicaciones adjudicado a Telefónica de España y a Vodafone por parte del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) ha sido objeto de una investigación interna o información reservada del consistorio que revela irregularidades económicas desde finales de 2019. Público desveló este martes que el Ayuntamiento pagó de más por este contrato unos veinte millones de euros, como consecuencia de una gestión irregular por parte de la consultora Deloitte, contratada para velar por el correcto desarrollo del contrato, según fuentes municipales.
Sin embargo, las irregularidades económicas no son el único escándalo que apunta dicha investigación interna. También recoge, según ha podido saber Público, las supuestas amenazas y presiones que sufrieron dos técnicos del IAM por denunciar ante Inspección de Servicios del Ayuntamiento de Madrid las anomalías en los informes de Deloitte.
Esos informes sirvieron para justificar el pago de servicios aún no estaban implantados y de otras prestaciones, cuyo retraso en la ejecución le supusieron a Telefónica y a Vodafone penalizaciones muy por debajo de las que habrían tenido que aplicarse conforme al pliego del contrato, según la investigación interna del consistorio. Ambos técnicos se encuentran a día de hoy de baja, después de sufrir presiones en el IAM, según ha podido saber este diario.
Fuentes municipales explican que a finales de 2019 los dos técnicos del IAM detectaron irregularidades en los informes que Deloitte dirigía a Informática del Ayuntamiento de Madrid con el seguimiento mensual de los trabajos realizados por los adjudicatarios. En dichos informes se proponía la facturación para ese periodo.
Los dos funcionarios constataron que la consultora, que en este contrato cumple la función de oficina técnica, no estaba aplicando correctamente la fórmula para calcular las penalizaciones por los retrasos en la implantación de los servicios contratados. Esas penalizaciones o detracciones de dinero en la facturación que se abona a los contratistas eran muy inferiores a las que se habrían tenido que aplicar según el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP) que rige este contrato de 'telecos'.
Además, los técnicos se percataron de que los informes de Deloitte no estaban firmados por el responsable de la oficina técnica ni contenían el logo de la compañía. Al advertir de estas irregularidades a los responsables de Informática del Ayuntamiento de Madrid y de la subdirección general de Telecomunicaciones del consistorio, recibieron por respuesta, según las mismas fuentes, que tenían que dar el visto bueno a esos dictámenes de Deloitte y firmarlos en señal de conformidad. Los empleados se vieron obligados a firmar bajo presiones, informan a Público fuentes municipales.
Ante aquella directriz, los dos funcionarios acabaron por acudir a Inspección de Servicios, una subdirección creada por Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue alcalde de Madrid (2003-2011) a raíz del caso de corrupción Guateque, que investigó una presunta red de empleados públicos corruptos, acusados de cobrar dinero a cambio de licencias exprés.
Los inspectores municipales iniciaron una investigación interna, que tiene carácter de información reservada dentro del Ayuntamiento, a partir de los indicios denunciados por los dos técnicos adscritos a Informática del Ayuntamiento de Madrid, organismo que depende de la Coordinadora General de la Alcaldía, través de la Dirección General de la Oficina Digital.
Inspección de Servicios, tal y como adelantaba este martes Público, detectó en su primera fase de investigación, en septiembre de 2020, que se habían facturado prestaciones que no estaban implantadas aún. Así ocurrió, por ejemplo, con el NAC (Network Access Control), una tecnología de control de acceso a la red, dentro del capítulo de Ciberseguridad adjudicado a Telefónica, según explican las fuentes municipales. El hecho de facturar por servicios que no habían sido puestos en marcha junto con las bajas penalizaciones aplicadas, alejadas de las que se habrían tenido que aplicar según lo estipulado en el pliego del contrato, ocasionaron que el Ayuntamiento de Madrid pagara en torno a veinte millones de euros indebidamente.
Difícil situación laboral
La situación laboral de los dos empleados públicos empeoró a medida que Inspección de Servicios profundizaba en su investigación; hasta el punto de tener que pedir la baja laboral, según ha podido saber este diario. El Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado la baja de sus dos técnicos porque "lo impide la Ley de Protección de Datos", pero este diario lo ha podido constatar a través de fuentes sindicales del consistorio.
La inclusión en la información reservada de las presuntas amenazas recibidas por los técnicos como consecuencia de advertir de irregularidades en la gestión de un contrato público convierte ese documento en una prueba de enorme trascendencia, que no ha visto la luz aún pese a que dicho informe se elevó hace tres meses a la concejalía de Hacienda, a la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, así como a la Intervención General del Ayuntamiento. De momento, ningún departamento municipal ha tomado cartas en el asunto.
El Ayuntamiento ha manifestado a Público que no puede revelar lo que contiene la información reservada hasta que no concluya el "proceso interno de investigación". Dicho proceso incluye, según ha podido saber este diario, contrainformes que podrían neutralizar el informe de Inspección de Servicios, cuyas funciones están aprobadas por Junta de Gobierno.
Público se ha puesto en contacto con la consultora Deloitte para recabar su versión y ha declarado que no puede comentar informaciones sobre este contrato público por su política de confidencialidad. En cuanto a Telefónica de España, principal adjudicataria de este contrato cuyo valor global asciende a 74,5 millones de euros para el periodo 2019-2023, indica que no le constan irregularidades. Lo mismo dice Vodafone, adjudicataria de un 5% del contrato.
Los dos empleados del organismo municipal Informática del Ayuntamiento de Madrid que alertaron de irregularidades en la gestión del contrato de Telefonía e Internet recibieron presiones para dar por buenos informes de la consultora Deloitte que causaron un perjuicio al consistorio de unos 20 millones de euros, según una investigación interna del Ayuntamiento.
El contrato de Telecomunicaciones adjudicado a Telefónica de España y a Vodafone por parte del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) ha sido objeto de una investigación interna o información reservada del consistorio que revela irregularidades económicas desde finales de 2019. Público desveló este martes que el Ayuntamiento pagó de más por este contrato unos veinte millones de euros, como consecuencia de una gestión irregular por parte de la consultora Deloitte, contratada para velar por el correcto desarrollo del contrato, según fuentes municipales.
Sin embargo, las irregularidades económicas no son el único escándalo que apunta dicha investigación interna. También recoge, según ha podido saber Público, las supuestas amenazas y presiones que sufrieron dos técnicos del IAM por denunciar ante Inspección de Servicios del Ayuntamiento de Madrid las anomalías en los informes de Deloitte.
Esos informes sirvieron para justificar el pago de servicios aún no estaban implantados y de otras prestaciones, cuyo retraso en la ejecución le supusieron a Telefónica y a Vodafone penalizaciones muy por debajo de las que habrían tenido que aplicarse conforme al pliego del contrato, según la investigación interna del consistorio. Ambos técnicos se encuentran a día de hoy de baja, después de sufrir presiones en el IAM, según ha podido saber este diario.
Fuentes municipales explican que a finales de 2019 los dos técnicos del IAM detectaron irregularidades en los informes que Deloitte dirigía a Informática del Ayuntamiento de Madrid con el seguimiento mensual de los trabajos realizados por los adjudicatarios. En dichos informes se proponía la facturación para ese periodo.
Los dos funcionarios constataron que la consultora, que en este contrato cumple la función de oficina técnica, no estaba aplicando correctamente la fórmula para calcular las penalizaciones por los retrasos en la implantación de los servicios contratados. Esas penalizaciones o detracciones de dinero en la facturación que se abona a los contratistas eran muy inferiores a las que se habrían tenido que aplicar según el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPTP) que rige este contrato de 'telecos'.
Además, los técnicos se percataron de que los informes de Deloitte no estaban firmados por el responsable de la oficina técnica ni contenían el logo de la compañía. Al advertir de estas irregularidades a los responsables de Informática del Ayuntamiento de Madrid y de la subdirección general de Telecomunicaciones del consistorio, recibieron por respuesta, según las mismas fuentes, que tenían que dar el visto bueno a esos dictámenes de Deloitte y firmarlos en señal de conformidad. Los empleados se vieron obligados a firmar bajo presiones, informan a Público fuentes municipales.
Ante aquella directriz, los dos funcionarios acabaron por acudir a Inspección de Servicios, una subdirección creada por Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue alcalde de Madrid (2003-2011) a raíz del caso de corrupción Guateque, que investigó una presunta red de empleados públicos corruptos, acusados de cobrar dinero a cambio de licencias exprés.
Los inspectores municipales iniciaron una investigación interna, que tiene carácter de información reservada dentro del Ayuntamiento, a partir de los indicios denunciados por los dos técnicos adscritos a Informática del Ayuntamiento de Madrid, organismo que depende de la Coordinadora General de la Alcaldía, través de la Dirección General de la Oficina Digital.
Inspección de Servicios, tal y como adelantaba este martes Público, detectó en su primera fase de investigación, en septiembre de 2020, que se habían facturado prestaciones que no estaban implantadas aún. Así ocurrió, por ejemplo, con el NAC (Network Access Control), una tecnología de control de acceso a la red, dentro del capítulo de Ciberseguridad adjudicado a Telefónica, según explican las fuentes municipales. El hecho de facturar por servicios que no habían sido puestos en marcha junto con las bajas penalizaciones aplicadas, alejadas de las que se habrían tenido que aplicar según lo estipulado en el pliego del contrato, ocasionaron que el Ayuntamiento de Madrid pagara en torno a veinte millones de euros indebidamente.
Difícil situación laboral
La situación laboral de los dos empleados públicos empeoró a medida que Inspección de Servicios profundizaba en su investigación; hasta el punto de tener que pedir la baja laboral, según ha podido saber este diario. El Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado la baja de sus dos técnicos porque "lo impide la Ley de Protección de Datos", pero este diario lo ha podido constatar a través de fuentes sindicales del consistorio.
La inclusión en la información reservada de las presuntas amenazas recibidas por los técnicos como consecuencia de advertir de irregularidades en la gestión de un contrato público convierte ese documento en una prueba de enorme trascendencia, que no ha visto la luz aún pese a que dicho informe se elevó hace tres meses a la concejalía de Hacienda, a la Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, así como a la Intervención General del Ayuntamiento. De momento, ningún departamento municipal ha tomado cartas en el asunto.
El Ayuntamiento ha manifestado a Público que no puede revelar lo que contiene la información reservada hasta que no concluya el "proceso interno de investigación". Dicho proceso incluye, según ha podido saber este diario, contrainformes que podrían neutralizar el informe de Inspección de Servicios, cuyas funciones están aprobadas por Junta de Gobierno.
Público se ha puesto en contacto con la consultora Deloitte para recabar su versión y ha declarado que no puede comentar informaciones sobre este contrato público por su política de confidencialidad. En cuanto a Telefónica de España, principal adjudicataria de este contrato cuyo valor global asciende a 74,5 millones de euros para el periodo 2019-2023, indica que no le constan irregularidades. Lo mismo dice Vodafone, adjudicataria de un 5% del contrato.
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