| 06/08/2022 Enrique Morales |
Los entes locales y sus entidades adscritas, un total de 14.151 en 2020, han mostrado una nula colaboración con el Tribunal de Cuentas a la hora de facilitar su actividad económica, obstruyendo la principal labor del organismo fiscalizador que consiste en evaluar si el sector público respeta los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. Su último informe sobre las entidades locales deja patente un claro desinterés por rendir cuentas y por dar a conocer los contratos que realizaron en 2020, el año de la pandemia del coronavirus.
El artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas obliga a que antes del mes de febrero de cada año los ayuntamientos envíen los contratos suscritos en el ejercicio anterior excepto los que tienen un importe inferior a 5.000 euros y se han abonado a través del sistema de anticipo de caja fija. Esto supone que prácticamente la totalidad de las licitaciones de los entes locales -ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos locales, fundaciones o mercantiles, entre otros- son objeto de fiscalización. Sin embargo, al detalle, un elevadísimo porcentaje de los consistorios ignora la ley, sobre todo porque el castigo económico no existe para todos. Seguir leyendo>>
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