ERE FRAUDULENTOS EN ANDALUCÍA
La juez Alaya acusa a los sindicatos de financiarse irregularmente a través de la trama
El directivo de otra de las mediadoras implicadas aseguró además que ambas organizaciones exigían un porcentaje de cada expediente que tramitaban como “medida de presión”
20.06.13 - 10:25 - 
La juez Mercedes Alaya. / Paco Puentes (Efe)
El último auto de prisión dictado por la juez que instruye
el caso de los ERE lanzó una auténtica bomba contra la línea de
flotación de los sindicatos. Según Mercedes Alaya, las federaciones
andaluzas de CC.OO y UGT encontraron en la trama “una forma de
financiación irregular” durante una década. El directivo de otra de las
mediadoras implicadas aseguró además que ambas organizaciones exigían un
porcentaje de cada expediente que tramitaban como “medida de presión”.
La noche del martes Alaya ordenaba el ingreso en prisión
eludible bajo de fianza de 600.000 euros de José González Mata, dueño de
la mediadora Uniter. Le imputaba ocho delitos y consideraba que
participó “de manera activa en la utilización ilegítima de fondos
públicos” de la Junta con el concierto de altos cargos de la
administración como los directores generales de Trabajo Javier Guerrero,
su sucesor Juan Marquez y el consejero de Empleo Antonio Fernández.
Pero como ya apuntó en otros autos, los sindicatos también jugaron un
papel “decisivo” ya fuera en labores de contacto e información previa
sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de
remuneración posterior por parte de las mediadoras o la propia empresa
en crisis. Así, las organizaciones sindicales recibieron en total 7,6
millones de euros en estas comisiones.
En este sentido, y aunque González Mata señaló en su
declaración judicial que el dinero que abonó a los sindicatos era por
las labores que realizaron, Alaya sostiene que UGT y CC.OO habrían
recibido “pagos periódicos” de las mediadoras, “los cuales se
verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no
responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues
los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio que los
justificara”. El auto de prisión del director de Uniter abunda en esta
línea y señala que, al menos indiciariamente, ambas organizaciones
sindicales “habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales
pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de
reestructuración empresarial”.
Alaya encuentra sostén a su razonamiento en la declaración
que el miércoles realizó el exdirector comercial de la otra mediadora
que tramitó las pólizas de prejubilación. Según explicó ahora Antonio
Albarracín, ya encarcelado en marzo y puesto en libertad tras abonar una
fianza de 600.000 euros, UGT y CC.OO tenían una relación “enormemente
fluida” con los directivos de la Junta y cobraban cada uno un porcentaje
de 0,5 por ciento en cada expediente “como medida de presión”, ya que
de no recibirlo amenazaban con no firmarlos y acabar así con el negocio
en que acabaron convertidas las ayudas. Las mediadoras, explicó, “no
tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación”.
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